La Brisex de la PDI de Concepción organizó un equipo de trabajo enfocado en casos de explotación contra niños, niñas y adolescentes.
Un aumento sostenido en las denuncias de delitos sexuales en la Región del Biobío ha impulsado cambios importantes dentro de la organización de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones durante este 2026.
Se ha concentrado un equipo para perseguir a los perpetradores de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), el que ha presentado cifras al alza en los últimos años.
La evolución anual de denuncias en este tipo de casos, entre los años 2018 y 2024, es evidentemente de progresión. Esta clasificación se diferencia en dos tipos: la obtención o facilitación de acciones sexuales con menores de 18 años y la promoción o facilitación de la explotación sexual de menores de 18.
De acuerdo con cifras entregadas por la PDI, en 2018 hubo 14 denuncias reuniendo ambos delitos de explotación; en 2019 hubo 13, y en 2022 la cifra creció a 17 por obtención de acciones sexuales más 39 de promoción de la explotación. Así ha ido en aumento hasta 2025, año en que se registraron 49 denuncias, mientras que en 2024 fueron 60.
Fuente: PDI
En cuanto a la cifra del año pasado, es importante aclarar que algunos hechos pueden estar denunciados por otros delitos y, en el proceso investigativo, deberán ser acreditados.
El subprefecto Rodrigo Henríquez Moraga, jefe de la Brisex de Concepción, explicó qué medidas han tomado como policía civil en el presente año para enfocar mejor los esfuerzos en contra de estos hechos.
—Precisamente advertimos que iba aumentando la cantidad de denuncias y, por tanto, se hacía necesario enfocarnos previo a que la realidad nos superara y nos viéramos condicionados en los resultados por no tener un equipo especializado.
—La explotación sexual se produce cuando una persona requiere de un NNA para una acción de connotación sexual para sí o un tercero, a cambio de una recompensa, ya sea dinero, alimento, el pago de un servicio o ropa. Tiene que mediar alguna acción de significación sexual y el pago o promesa de pago de algo.
—Lo complicado es que las víctimas de la explotación sexual no se sienten víctimas, no se reconocen como tales porque piensan que este intercambio, a propósito de alguna actividad de connotación sexual, está dado precisamente por su necesidad. Ven a su agresor o explotador sexual como la persona en la que encuentran, muchas veces, la satisfacción de estas necesidades que no son cubiertas por su familia o por el Estado cuando son parte de residencias.
—Efectivamente, el explotador, consciente o inconscientemente, sabe que hay una necesidad no cubierta. Sabe que hay una carencia de afecto, de cariño y de atención, y por tanto se empieza a acercar. El fin último es que esta víctima entregue o haga alguna actividad de connotación sexual respecto de sí o respecto de un tercero. En general, las víctimas están institucionalizadas; es decir, han sido víctimas de una u otra forma de vulneración.
—De momento no, pero no se descartan. No hemos logrado dar con que exista alguna organización conformada. Hasta ahora nos hemos encontrado con casos aislados de personas que, en particular, han aprovechado esta vulnerabilidad para hacerse a sí mismos de ciertas acciones de connotación sexual. Nos interesa precisamente, y es el porqué de hacer este grupo específico y exclusivo de detectives, descartar aquello. Eso nos daría mucha tranquilidad como policía.
—Como brigada participamos en una mesa regional intersectorial contra la explotación sexual, que es un espacio donde convergen todas las organizaciones que tienen algo que decir al respecto. Está el Servicio de Salud, la Seremi de Educación, la Fiscalía, Carabineros, entre otros.
—Se trata de un grupo de cuatro policías. El equipo se llama Agrupación de Explotación Sexual de la Brisex. Para nosotros era importante que, como brigada, asumiéramos este compromiso que tenemos como PDI de poder investigar como corresponde la explotación sexual, articulándonos también con estos otros organismos. De esta forma mantenemos un control respecto de si efectivamente existen detrás organizaciones que se aprovechen de la vulnerabilidad de niños.
Advertimos que era necesario tener un equipo de detectives que estuvieran específicamente destinados a ese trabajo, que tuvieran una plataforma informática que les permitiera precisamente caracterizar el delito en la región. A partir de mayo de este año, reformulamos los equipos de trabajo al interior de la brigada y aprovechamos la información que desde esta mesa regional se nos va haciendo llegar como policía.
—Ha habido un incremento en la cantidad de denuncias por delitos sexuales, y no es algo que obedece solamente a la Región, sino que es a nivel nacional. El año pasado Biobío cerró en más de 5050 denuncias (en comparación con las 3507 de 2021). Esto demuestra, por lo menos, un aumento sostenido en la cantidad de denuncias de delitos sexuales a partir precisamente de la época de pandemia.
Se produce una inflexión con respecto a la cantidad de denuncias que había en la región. Desde el 2021 a 2025 el incremento ha estado en aproximadamente un 44%.
—Las personas tienen más espacios para hacer denuncias. Hemos advertido que los canales de denuncia que se han abierto a propósito del tema de la digitalización, por ejemplo, permiten que desde los establecimientos educacionales se procesen denuncias que se toman en conocimiento y se derivan a través de la plataforma online de la Fiscalía. Ese es un gran punto.
También la visibilización del fenómeno del delito sexual ha permitido que muchas víctimas vayan haciendo esta denuncia después de mucho tiempo de haber ocurrido los hechos.
—El año 2022 se hace una modificación con respecto al tema de varios delitos que afectaban a menores de edad. La legislación penal se actualiza y reconoce que existen otros espacios en los cuales se puedan configurar ciertos delitos que afecten la libertad o la indemnidad sexual de las personas.
—La mayor cantidad de delitos, por sobre el 60%, corresponde al delito de abuso sexual. Es el delito que principalmente se denuncia y, cerca de un 80% a 85%, dependiendo de la Región, las víctimas son NNA, en un rango etario bajo los 18 años, y se concentra entre los 14 y los 17 años. Existe un perfilamiento muy preciso respecto a la víctima, pero también respecto al imputado: más del 95% son hombres.