La empresa a cargo del proyecto Fuentes de Aníbal Pinto confirmó el inicio de labores de cierre perimetral en el Humedal Paicaví, mientras el municipio mantiene una investigación y organizaciones ambientales presentaron denuncias ante distintos organismos.
A eso de las 08:30 horas de esta jornada, maquinaria de la empresa Fuentes de Aníbal Pinto, firma responsable del proyecto Fuentes de Aníbal Pinto I y II, aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Biobío, ingresó nuevamente al Humedal Paicaví para ejecutar labores asociadas al cierre perimetral del terreno.
No es la primera vez que se registra el ingreso de maquinaria al sector. Vecinos cercanos al humedal han reportado la presencia de equipos pesados desde el pasado lunes, situación que ha generado preocupación entre residentes y organizaciones ambientalistas.
Desde el lugar, Jorge Brito, gerente de la Inmobiliaria Fuentes de Aníbal Pinto, confirmó en entrevista con Medios UdeC que las faenas corresponden al cierre perimetral del predio y que estas labores se extenderían por aproximadamente un mes.
“Vamos a instalar el cierre perimetral para poder después seguir con los compromisos ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) asociadas al proyecto”, particularizó Brito.
Cabe recordar que el proyecto denominado Fuentes de Aníbal Pinto I y II contempla la construcción de 19 torres de 5 pisos en el Humedal Paicaví.
Respecto de los plazos para el inicio de las obras, el gerente explicó que aún restan diversas etapas antes de comenzar la construcción.
@diarioconce🔴 Vecinos cercanos al Humedal Paicaví reportaron el ingreso de maquinaria pesada a los terrenos, situación que se ha visto desde el pasado lunes. 🔴 Jorge Brito, gerente de la Inmobiliaria Fuentes de Anibal Pinto, en entrevista con Medios UdeC, confirmó que esto corresponde a labores de cierre perimetral, las que se extenderían por un mes. 🎥: Medios UdeC.
“Faltan algunos meses para poder partir; hay que resolver varios temas primero. Lo principal es cercar, que además es incumplimiento a la ordenanza municipal que obliga a todos los propietarios de sitios eriazos a cercar”, señaló.
En relación con las exigencias asociadas al cierre perimetral, Brito precisó que “no hay ninguna exigencia, pero sí para el inicio de movimientos de tierras. Para poder iniciar el movimiento de tierra hay que hacer el rescate de las especies; rescate y relocalización”.
Asimismo, sostuvo que “hoy tenemos no solo los permisos de edificación correspondientes, sino además, los permisos ambientales necesarios para realizar los trabajos con las medidas de mitigación que ya están comprometidas y definidas en dicha DIA”.
Cabe mencionar que el lunes 22 de junio la empresa inició operaciones en el sector, situación advertida por vecinos y que derivó en una investigación comprometida por la Municipalidad de Concepción.
Tal como informó Diario Concepción en esa fecha, el administrador municipal, Boris Negrete, explicó que “recibimos durante la jornada una serie de denuncias por parte de vecinos de que se estaban realizando algunas acciones en el humedal Paicaví, también con el ingreso de algunas maquinarias, razón por la cual decidimos enviar funcionarios inspectores de la Dirección de Medio Ambiente para que pudieran revisar qué era lo que se estaba realizando”.
Según detalló la autoridad comunal, la fiscalización permitió recopilar antecedentes sobre las faenas observadas y derivarlos a otras unidades municipales para su revisión.
“Los inspectores realizaron el levantamiento de un acta a quienes estaban realizando las acciones y además, esto devino en una derivación interna a nuestra Dirección de Obras Municipales (DOM) para que puedan revisar si se estaban realizando las acciones de mitigación; también conocer si la DOM había sido notificada y si es que estaba todo en regla”, señaló Negrete.
De acuerdo con la información recopilada en terreno, los responsables de las labores exhibieron un permiso de edificación vigente desde 2023. Sin embargo, desde el municipio recalcaron que aquello no exime del cumplimiento de otras obligaciones vinculadas a la intervención de áreas ambientalmente sensibles.
En esa línea, Negrete sostuvo que “eso no obsta a que se deben cumplir otros tipos de situaciones particularmente cuando hablamos de terrenos sensibles como en el caso del humedal Paicaví”.
Actualmente, la Municipalidad de Concepción continúa recopilando antecedentes para determinar si las labores ejecutadas cumplen con las medidas de mitigación comprometidas y con la normativa vigente.
“Estamos a la espera de lo que pueda realizarse a través de nuestra DOM”, indicó el administrador municipal.
Paralelamente, el Movimiento de Defensa del Humedal Paicaví informó mediante un comunicado público que, junto a la Junta de Vecinos Mencía de los Nidos, presentó denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio Público.
Asimismo, las organizaciones solicitaron formalmente al alcalde de Concepción la adopción de medidas urgentes destinadas a detener las intervenciones y resguardar el ecosistema.
Al respecto, el abogado y asesor jurídico del movimiento, Fernando Cortés, señaló que estas acciones buscan no solo visibilizar la situación, sino también exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades competentes.
Según explicó, las municipalidades poseen deberes específicos en materia de fiscalización ambiental. Conforme al artículo 65 de la Ley N.º 19.300, deben canalizar las denuncias ambientales ante la SMA, requerir información sobre su tramitación y remitir antecedentes a la SEREMI de Medio Ambiente. Asimismo, recordó que, de acuerdo con el artículo 175 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante el Ministerio Público hechos que puedan constituir delitos.
“En consecuencia, no basta con constatar el daño. Corresponde actuar, denunciar y remitir todos los antecedentes disponibles”, indicó.
El equipo jurídico también informó que se encuentra a la espera de la resolución de admisibilidad de diversos recursos interpuestos por observantes del proceso, vecinos del sector, juntas de vecinos y posibles afectados, además de las reclamaciones presentadas por la Municipalidad de Concepción para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto inmobiliario Fuentes de Aníbal Pinto I y II.