La Ministra de Salud (s) Andrea Albagli, de visita en Concepción, entregó detalles tras el primer año de la medida. También se refirió a postura de gremios por los “Funcionarios Covid” que comenzarían a dejar sus puestos desde este mes, además habló de vacunación en la zona, y el Cesfam O’Higgins.
La subsecretaria de Salud Pública y Ministra de Salud subrogante, Andrea Albagli, estuvo de visita en la Región del Biobío junto a otros cinco secretarios de Estado, además de la Subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch. En la oportunidad, dieron cuenta de varios temas relevantes a nivel nacional, como Reforma de pensiones y nuevo Pacto Fiscal.
En diálogo con Diario Concepción, Albagli se refirió también a asuntos locales, como los niveles de vacunación justo al término del invierno, la esperada reubicación del Cesfam O’Higgins cuya última licitación fue declarada desierta, y la espera en la zona por parte de Servicios de Salud y gremios para conocer el destino de los trabajadores a honorarios, quienes serían en gran parte desvinculados de manera desescalada desde este fin de mes.
-¿Cuál es el balance a un año de la implementación del Copago Cero?
-Copago Cero es una iniciativa presidencial que desde el 1 de septiembre de 2022 concretó la gratuidad total para los más de 16 millones de usuarios de Fonasa en la modalidad de atención institucional. Esto quiere decir que todas las personas que se atienden en la red pública tienen gratitud absoluta en todos los diagnósticos y tratamientos que se ofertan en nuestra red. En un año de funcionamiento podemos ver ya que a nivel país se han beneficiado un millón de personas, lo que refleja un ahorro total de 100 mil millones de pesos con un ahorro promedio por persona de 100 mil pesos. En Biobío, eso se traduce en un total de 100 mil 500 beneficiarios que tienen un ahorro total de 11 mil 600 millones de pesos y con un ahorro promedio por persona de 115 mil pesos. Eso posiciona a Biobío como la segunda región del país con mayor monto ahorrado en total y la tercera en número de personas beneficiadas.
-En salud mental, ¿De qué se tratan los diálogos que se han realizado y en qué se materializarán?
-Hemos realizado 18 diálogos en las 16 regiones del país y todos estos diálogos en conjunto han reunido a más de 2 mil 200 personas. Lo que hemos querido hacer es rescatar la experiencia de las personas, considerando la diversidad de nuestra ciudadanía, personas de diferente edad, de diferentes territorios. Hemos hecho diálogos específicos en zonas rurales, hemos incorporado a la ciudad organizada como también a la ciudad no organizada. Hicimos un esfuerzo también de convocar a distintos grupos de mayor vulnerabilidad como por ejemplo a diversidad sexo genéricas, población migrante, cosa de poder rescatar la diversidad de expectativas y necesidades que tienen las personas en salud mental.
En general, hemos ordenado la conversación en torno a cómo cuidar la salud mental en espacios distintos a la atención de salud. También hemos conversado en torno a cómo mejorar la atención misma de salud mental, cómo proteger los derechos de las personas con problemas graves y por último cómo resguardar el derecho de las personas con problemas graves de salud mental y persistentes en la inclusión social.
Esto en lo que se va a traducir es en un proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso a fines de octubre que, por un lado, quiere mejorar la regulación actual que está en la ley 21.331 promulgada el 2021, que lo que hace es regular los derechos de las personas en el acceso a salud mental, además de incorporar este componente de la integralidad de la promoción de la salud mental pensando en los determinantes sociales cotidianos.
– ¿Y en el Biobío?
-En la Región el diálogo se hizo el 5 de septiembre y participaron cerca de 80 personas con representantes de los consejos de la sociedad civil de salud mental y de organizaciones de diversidad sexo genérica personas en situación de discapacidad, adolescentes, mujeres, personas mayores, especialistas y educadores, entre otros.
-Al término de la alerta sanitaria, solo 300 mil se habían vacunado con quinta dosis en Biobío, ¿Cómo mantener la inoculación?
-En el invierno se le entrega a las personas dos vacunas: contra la influenza y contra el Covid-19. Contra la influenza alcanzamos una cobertura de un 79% con 7 millones de personas inmunizadas. En la región eso también es de un 78,9% con 603 mil 600 personas inmunizadas. Fue un invierno muy difícil en términos de transmisión viral y esto permitió que no se reflejara en pérdidas de vida en comparación con otros años, porque la mortalidad fue menor este año en comparación con años previos a la pandemia.
En términos de la vacuna por Covid-19, nos enfrentamos a un desafío adicional porque, por un lado, por motivos objetivos cuantitativos en que realmente el riesgo de tener una enfermedad grave por Covid-19 este año era muchísimo menor porque ya teníamos la población tiene una cobertura. Por otro lado, la percepción de riesgo en la persona es mucho menor y eso hace más difícil avanzar en términos de cobertura de vacunación.
Nosotros dejamos disponible la vacuna para un grupo más amplio de personas e inclusive población pediátrica, pero nuestro objetivo sanitario son aquellas personas que tienen más riesgo de generar enfermedades graves en caso de que se contagien y esas son las personas mayores de 60 años.
En ese sentido en la Región del Biobío las personas sobre los 70 años tienen un 64% de cobertura por Covid-19. Lo importante es decir que el Covid-19 continúa circulando entre nosotros y la vacunación sigue estando disponible en sus centros de atención primaria.
-¿Cuál es la postura del Ministerio sobre los “honorarios Covid”?
-El Covid-19 constituyó una emergencia sanitaria. Hay ciertas situaciones en que el nivel de riesgo supera la capacidad de respuesta del sistema. Eso fue lo que nos ocurrió con la pandemia, donde no teníamos herramientas terapéuticas y estábamos teniendo un altísimo impacto en salud. Eso explica que se levante lo que se llama la Alerta Sanitaria, la que permite tener facultades extraordinaria como poder obligar a las personas a utilizar una mascarilla o obligar a las personas a cumplir con ciertos aforos en espacios cerrados, así como mandatar a las personas a permanecer en sus casas. Además, permite contar con recursos adicionales para poder fortalecer todas las capacidades del sistema, como en el caso de las redes asistenciales para aumentar la dotación de personas. Lo que eso significa es que una vez que la situación epidemiológica comienza a mejorar y el nivel de riesgo comienza a disminuir siendo concordante con la capacidad de respuesta habitual del sistema de salud, eso entonces por consecuencia implica que tiene que volver a reajustarse el sistema a sus recursos previos.
Dicho eso, incluso si es que comparamos la dotación actual de la red asistencial en todo el país en términos de recursos humanos, con los recursos humanos disponibles las redes de salud el 2019, hay un aumento de la dotación de manera estable en un 35%. Es decir, incluso por la desescalada que se que se comenzará por los trabajadores y trabajadoras de la salud, aún así tenemos hoy un sistema de salud que está más fortalecido en términos de dotación de recursos humanos a lo que estaba previo la pandemia.
Fotografía por Carolina Echagüe M.
-¿Esa escalada es de un 40% en septiembre y un 60% dentro de los restantes en octubre?
-Es muy pronto para poder entregar un detalle preciso, porque va a depender de la realidad de cada servicio y es algo que está gestionando cercanamente la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La desescalada específica es algo que no sé en detalle ahora.
-¿Qué hay de la postura de varios Servicios de Salud, que hemos consultado, quienes dicen que lo ideal sería mantener gran parte de estos trabajadores para suplir brechas?
-Creo que cualquier persona que trabaja en el sector salud estaría muy contenta y con la esperanza de poder mantener un sistema de salud siempre lo más robusto posible. Lo mejor sería poder tener a todas estas personas y más aún pero, para eso, se requieren recursos. Para poder mantener a personas contratadas, se requieren recursos y la razón por la cual teníamos esos recursos era por la Alerta Sanitaria. Por eso nuevamente llegamos al tema de la importancia de tener un Pacto Fiscal. Si tuviésemos un Pacto Fiscal que nos permita recaudar más para vivir mejor y para responder a la expectativa de las personas, podríamos mantener la dotación de la red de salud de manera constante.
-Gremios señalan que este 25 de septiembre es fecha clave para la entrega de una respuesta desde el nivel central, ¿Habrá novedades?
-Eso está aún en conversación. Estamos recién comenzando la discusión presupuestaria para 2024. No podemos anticipar ninguna fecha en la que podamos tener certezas absolutas.
-¿Hay un número regional de la cantidad de personas que dejarían sus puestos de trabajo?
-Tampoco tenemos el detalle por ahora. Como digo, es una desescalada que va a empezar progresivamente y según la realidad local, así que eso es algo que se tendrá que gestionar en cada servicio de salud.
-¿Se hará una nueva licitación para la reubicación del Cesfam O’Higgins luego de ser declarada desierta la última?
-Eso es lo que corresponde hacer ahora. Una vez que tenemos una licitación que ha sido desierta por ausencia de oferentes, entonces lo que corresponde es hacer una nueva licitación para poder avanzar con este proyecto que sabemos que es muy importante para las personas.
-¿Se hará una reevaluación de montos?
-Es parte de las cosas que hay que evaluar. Los equipos están trabajando en rediseñar un nuevo proceso que nos per
