Posible falta al artículo 40 de la Ordenanza del PRC, anterior a su Modificación 15°, como también al artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Lguc), habría permitido explosión de altura en Concepción, argumentaron agrupaciones y parte del Concejo municipal. Municipalidad se defiende y acusa que actuó amparada bajo las normas.
Esta semana organizaciones sociales y territoriales, en compañía de concejales de Concepción, solicitaron mediante un escrito que la Contraloría Regional investigue la supuesta ilegalidad en la cual habría incurrido el municipio penquista, al permitir que inmobiliarias extendieran las alturas de sus edificios, amparados en “incentivos a la construcción”, previos a la 15° Modificación al Plan Regulador Comunal (PRC), vigente desde julio.
Lo anterior, basados en el artículo 40 de la Ordenanza del 14° PRC, el cual permitió que por más de una década se liberara la altura máxima permitida, a cambio de aumentar la distancia que hay desde la fachada con respecto a la calle, denominado como “retranqueo de la fachada”, dejando dicho espacio “sobrante” como un antejardín de uso público.
Explicaron que, esos dos a cuatro metros de retranqueo, incurrirían en una falta al artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Lguc), que determina que se debe generar mejoras en el espacio público, pero, argumentaron, que estas no son ocupados por la ciudadanía en general, pues se asume que dicha área verde o explanada urbanística es parte de los edificios, por lo que el municipio debiese responder.
Bruno Betanzo, vocero de Conce con Sol, quien puso de manifiesto la problemática al resto de las organizaciones que firmaron el documento entregado a Contraloría, detalló que “las construcciones amparadas en el retranqueo, tienen molestos a vecinos del centro y sectores emblemáticos, porque perdieron su privacidad y su identidad, imponiendo una densidad poblacional exagerada en barrios tranquilos”.
Complementó que, “la razón del porqué necesitamos que la Contraloría investigue, se debe a que durante casi una década las inmobiliarias han construido decenas de torres de departamentos de hasta 30 pisos de altura repartidas por el centro de la ciudad, eso sin contar los cientos de permisos ya otorgados, más los anteproyectos ingresados antes de la entrada en vigencia de la 15° Modificación al PRC, que están esperando ser construidos”.
Desde el municipio de Concepción, la asesora urbana, Karin Rudinger aclaró que “si bien, el PRC en si forma anterior a la entrada en vigencia de la 15° Modificación contemplaba incentivos normativos, estos fueron interpretados por la Ley.21078 de transparencia de mercado de suelo (Ley Caval), que en su artículo quinto declara que son válidos los incentivos que hubieran contemplado los Planes Reguladores, con anterioridad a la vigencia de la ley N° 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público, por lo tanto, el municipio los aplicó de acuerdo a las normas del PRC vigente (14°)”, por lo que no incurrieron en una ilegalidad.
Argumentó que “de todas maneras estos fueron replanteados cuando se modificó el PRC (15°) porque a pesar que esta ley los declaró validos se determinó necesario modificarlos para un modelo de crecimiento urbano más adecuados a las características de la ciudad, es decir, ya no existe la condición de altura libre, pero antes sí y los permisos se otorgaron en base a la fecha que se ingresan los expedientes”.
Considerando lo expresado por la asesora urbanista de Concepción, las edificaciones ingresadas hasta el primer semestre de este año, cumplirían con la ley, por lo que Concepción contará con más torres de altura, pudiendo acceder a los “incentivos de retranqueo”.
Es por ello que, “buscamos que se invaliden los permisos de construcción emitidos por la DOM del municipio de Concepción que incumplan norma del artículo 184 de la Lguc, respecto a incentivos a la construcción emitidos con menos de dos años de antigüedad y hacer ajustes a permisos con más de dos años, para que se ajusten a dicha normativa”, indicó el director de Fundación Síntesis, Camilo Riffo.
Más radical es la postura de la concejala (Igualdad) Claudia Arriagada, quien, además, preside la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del concejo municipal.
“Esperamos que la justicia vele por la ciudad y si eso significa destruir un edificio que infringe la Ley de Urbanismo y Construcciones, es el costo que deben asumir, tanto las inmobiliarias, que han abusado con sus construcciones; y el municipio, que ha otorgado indiscriminadamente permisos, sobre todo después del 27/F, porque es cosa de ver el crecimiento exponencial de torres estos últimos 11 años”.
Agregó que, “si los incentivos resolvieran los problemas de viviendas sociales en la ciudad, se justificaría, pero no, sólo incentiva el negocio, donde los mismos de siempre compran para subarrendar a precios elevados, ¡es cosa de ver cómo han subido los arriendos, sobre todo con la pandemia!”, enfatizó.