Mientras se debate un tercer retiro a los fondos de las AFP, especialistas advierten que este no beneficiaría a personas con menos ingresos, que ya no cuentan con ahorros.
Sebastián Henríquez
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Cristina Díaz perdió su trabajo como empleada doméstica debido a la pandemia.
Fue una cosa como un dominó.
Su jefa quedó sin trabajo, y como las medidas sanitarias implicaban que se quedara en casa, la tuvo que despedir.
“Fue triste, pero lo entiendo, es en realidad lo mismo que me pasó a mí”, dice hoy.
Recibió beneficios del estado, cuenta.
Hizo olla común con sus vecinos porque, bueno, la cosa se puso difícil el pasado invierno, reconoce.
Ella, y sus vecinos en el campamento de Lobos Viejos, Talcahuano, esperaron con ansias que se concretara un eventual retiro del 10% de los fondos de la cuenta individual de ahorros para la jubilación.
“Uy, no sabe cómo necesitábamos esa plata”, recuerda hoy.
Claro, de esa plata ya no queda nada.
“Todo se fue en lo básico. Comida, una tablet para los niños, en Internet… se hizo nada la plata, qué quiere que le diga”, sentencia.
El dinero, menos de un millón de pesos, la dejó sin fondos en su cuenta de AFP.
Así que el debate sobre un segundo retiro, no le causó ningún interés.
¿Un eventual tercer retiro?
Tampoco.
“A mí me interesa el día a día, sacar plata, eso me interesa, porque la cosa está difícil. Cuando jubile, ahí veré, pero tampoco iba a sacar mucho. Además, me quedan 20 años todavía para eso”, resume.
Según la Superintendencia de Pensiones, hay unos tres millones de personas en la misma situación que Cristina. Es decir, que ya no tienen dinero en sus cuentas de ahorro previsional.
Y de ellos, según la Asociación de AFP, hay 47 mil que están en edad de jubilar.
Es decir, que este o el próximo año recibirán la pensión solidaria básica.
Antes de la pandemia, el retiro de dineros desde las AFP parecía imposible. El debate que abrió la crisis económica, dejó claro que no, y se legisló a favor del traspaso de fondos desde las aseguradoras a los cotizantes. Eso sí, se pensó que la medida sería única y excepcional.
Tampoco resultó así.
La crisis económica se profundizó hacia fines del año pasado.
En la Región el desempleo alcanzó cotas que no se veían desde 2008, con un 10,9% de desempleo según el último boletín del INE.
Así que un segundo retiro hizo sentido y de hecho, los parlamentarios de la Región votaron en esta ocasión abrumadoramente a favor: de los 18 diputados que tiene Biobío, sólo uno se abstuvo.
“Voté a favor del segundo retiro del 10%, ya que en la Región del Biobío y mi Distrito 20, los ciudadanos han enfrentado un año con muchos problemas debido a la pandemia que ha generado cuarentenas y restricciones a nivel general”, dijo Francesca Muñoz (RN), mientras que Joanna Pérez (DC), indicó que respaldó el segundo retiro “porque tenemos un Gobierno que sigue siendo incapaz de brindar apoyo y soluciones a familias que lo siguen necesitando. Espero que ahora el Senado haga su parte y podamos sacar el proyecto a la brevedad”.
La puerta para un tercer retiro quedó abierta y, en la medida que las cifras de contagios auguraron un 2021 con idénticas medidas de restricción sanitaria que en 2020, se ingresaron nuevos proyectos para traspasar fondos desde las AFP a cotizantes.
Esto, ya sin ningún viso de excepcionalidad: entre enero y marzo de este año, se plantearon a la Cámara de Diputados cinco iniciativas diferentes para sacar dinero desde las AFP.
Esta semana, la cámara decidió que lo más práctico era fusionar los proyectos, lo que se materializó en la sesión del miércoles 24.
Esa fecha se acordó que el 31 de marzo tendrá lugar la votación general de la iniciativa y, que de aprobarse, esto se hará después de las elecciones del 11 de abril.
Carolina Echagüe M.
Una de las críticas más fuertes que ha tenido el proyecto de un tercer retiro, es que las personas más vulnerables del país no han cotizado o ya no tienen ahorros en sus cuentas.
Según Nadia Castro, docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y especialista en políticas sociales, “se trata de grupos diferentes”.
“La gente que podría ahora retirar recursos tiene una mayor capacidad económica, pues las personas más vulnerables, ya no tienen recursos”, dice.
“Quienes hoy tienen ahorros previsionales, son personas que no han tenido lagunas o que han tenido ingresos altos. Las personas que cotizaron poco, que han pasado periodos sin empleo o de rentas bajas, ya no tienen recursos”, reitera.
Para la especialista, lo más urgente es el rol que ahora debe tomar el Estado, justamente con las personas que no tienen recursos que retirar.
“No son sólo personas que viven en campamentos, no es esa idea de pobreza, también hay que pensar en la clase media”, acota Castro.
“Las políticas sociales comenzaron a aplicarse en Chile a principios del siglo XXI, primero con el objetivo de atender situaciones de vulnerabilidad en los hogares. Son apoyos destinados a personas mayores, a niños y niñas, al desempleo”, cuenta.
Ahora, la realidad que plantea la pandemia, obliga a pensar en ampliar estos mecanismos.
“Esto, debe ser enfrentado a través de la red de protección social del estado, es él quien debe estar implementando estas medidas de cuidado a la ciudadanía, en forma universal”, afirma.
Y ejemplos hay.
“El caso de la vacunación, que es gratuita y para todos, independiente de su capacidad económica, demostró que funciona”, recalca.
El número de personas que llegó, o que llegará dentro de poco, a la edad de jubilar y que no cuenta con recursos, alcanzó un nivel preocupante. Tanto así, que tres de los cinco proyectos que se decidió fusionar esta semana, incorporan “compensaciones”, de parte del Estado a las cuentas individuales.
Para Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, una posible solución pasa por garantizar una Pensión Básica Universal que cubra, como mínimo, la línea de pobreza.
“Es una pensión que no depende de los aportes de las personas. Es igual para todos y garantizada por el Estado a toda persona que llegue a una cierta edad que cumpla con un requisito de residencia en Chile”, dice.
“Debe llegar a todas las personas, sin excepción, independientemente de si han trabajado en el mercado laboral, en su casa, o si no han podido trabajar por algún motivo. Debe estar garantizada, de manera que cuando proyectemos nuestra previsión, sepamos que al menos contamos con ese monto”, añade.
Como respuesta a este escenario, el Gobierno anunció la semana pasada -la misma en que se avanzó en el proyecto para un tercer retiro– una serie de beneficios.
Entre éstos destacan un ingreso familiar para familias que residan en comunas en cuarentena, de $100.000, un bono para la clase media, de $500.000, un préstamo para la clase media y otro similar para transportistas, que suman un total de US$ 6.130 millones. Esto es, un 2% del PIB.