Ministro Santelices aseguró que la normativa dará seguridad a funcionarios y adelantó reforma a Isapres que elimina preexistencias, y regula costos con plan universal.
En 25 oportunidades el Cesfam Víctor Manuel Fernández de Concepción ha ocupado un botón de pánico, instalado la última semana de mayo, para alertar sobre posibles agresiones a funcionarios o pacientes en el recinto de salud.
El sistema incluye 80 dispositivos distribuidos en boxes de atención y áreas abiertas al público, además de otros cinco incorporados en relojes del personal de vigilancia para entregar una respuesta oportuna.
Por eso, hasta el lugar llegó ayer el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien destacó que la iniciativa ofrece protección a funcionarios y pacientes, y afirmó que como cartera participarán de la mesa de trabajo que aglutina al Colegio Médico, Asociación de Municipalidades, Confusam, Subsecretaria de Prevención del Delito y Minsal, para desarrollar iniciativas relacionadas con seguridad, como la implementación de botones de pánico.
El director del Servicio de Salud Concepción, Carlos Grant, explicó que cuando un funcionario detecta cualquier situación de peligro o violencia, ya sea física o psicológica, sólo activando el botón se da aviso de manera silenciosa a los guardias que acuden al lugar precisado. Además, la central de monitoreo del Cesfam da aviso a Carabineros cuando es necesario.
“Es muy fácil de operar (…), se presión el botón de pánico, que vibra de inmediato y activa la alarma de los relojes que poseen los guardias. En la pantalla del reloj aparece el punto de origen de la emergencia para asistir al funcionario que requiere apoyo. El dispositivo tiene, además, la ventaja de resguardar la privacidad de los involucrados, ya que el episodio queda bajo control sin que el público se percate”.
Ante el crimen que cometió un guardia del Hospital Traumatológico, contra la pareja de una de sus colegas, el ministro afirmó que están desarrollando una serie de protocolos de seguridad, que establecerán, por ejemplo, análisis psicológico de los funcionarios de empresas que presten servicios y sobre sus capacidades para resolver situaciones de conflicto.
“El director del Servicio de Salud, Carlos Grant, definió un cambio en los estándares y exigencia para las empresas, que son las correctas y el camino que debe seguir todo Chile”, dijo y agregó que, en el caso del Traumatológico, se terminó el contrato con la firma involucrada.
Santelices afirmó que están avanzando en términos de protección judicial, pues se estableció una ficha única para que los funcionarios puedan denunciar delitos, lo que permite agilizar un futuro acuerdo con la Secretaría de Prevención del Delito. “Ellos se van a hacer cargo y parte para poder proteger judicialmente a los trabajadores cuando se vean enfrentados a una amenaza”.
Además, expresó que pronto se va a presentar un proyecto de ley llamada Consultorio Seguro, que busca resguardar la seguridad de los trabajadores, que aumenten penas para quienes los ofendan o agredan en el ejercicio de sus funciones.
También, se pretende contar con un registro de personas agresoras, avanzando de manera integral en reforzar la seguridad y, según dijo, ya están trabajando con Carabineros para tener una mayor coordinación y protocolos establecidos.
El ministro agregó que la ley será fundamental para dar certeza a los trabajadores de la salud “que vamos a protegerlos en sus funciones y como consecuencia que ellos sientan la tranquilidad que están trabajando en lugar seguro”.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam, afirmó como gremio necesitan contar con una ley que sancione penalmente a todos aquellos que agredan a los funcionarios públicos. “Lota y Coronel son las comunas con las más altas tasas de violencia. Necesitamos una ley, que sea concreta y que llame al país entero a que tengan respeto por los funcionarios”.
En tanto, Isabel Quiroga, presidenta de los funcionarios del Cesfam Víctor Manuel Fernández, afirmó que ya probaron el botón de pánico y que considera que su efectividad es un éxito. Sin embargo, aclaró que no basta con medidas preventivas como ésta, sino que requieren de una ley que los proteja realmente.
En el marco de la nueva ley de Isapres, el ministro Santelices explicó que avanzará en la modernización de estas, a través de una reforma que de cuenta de los problemas que ha presentado en los últimos años. “Esto ha tomado ocho años. Ya es hora de resolverlo adecuadamente, a través de una ley que termina con las preexistencias, corrija los problemas de discriminación por edad y por sexo (…), se elimina la declaración de salud”.
El ministro destacó que, también, se incluirá un mecanismo para ajustar los incrementos de precios, que en cualquier sector están asociados a los costos de servicios, insumos y tecnología. “Lo más importante es que los incrementos de precios van a estar ligados a los costos reales que determinan ese aumento. Vamos a estar en presencia de un plan único que va a ser muy transparente y fácil de comparar entre las Isapres”.
También se protegerá del aumento de tarifas a los usuarios de Isapres con un sistema de compensación de riesgo, es decir, si la Isapre A tiene personas más enfermas, va a tener que se compensada por B, que tiene integrantes más jóvenes y más saludables.
Santelices aseguró que están trabajando desde que asumieron el Gobierno en el proyecto, por lo que esperan que el legislativo avance rápidamente en el tema. Se estima que entre noviembre y diciembre podría estar despachada la ley.
Aseveró que velarán también por Fonasa, de manera que se modernice y que ambos sistemas puedan convivir sin excluir o discriminar.