Abarca enfermedades articulares degenerativas, déficit neuromuscular, amputaciones, diferentes tipos de cáncer y patologías mentales. Hombres lideran el proceso.
La nueva Ley de Inclusión Laboral, que comenzó a regir el 1 de abril y que establece que de manera progresiva las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus contrataciones para contratar a personas con discapacidad, ha llevado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin, a incrementar las certificaciones en el área.
De hecho, hasta mayo el equipo de profesionales de Discapacidad de Compin -conformado por una trabajadora social, un kinesiólogo, una psicóloga, una fonoaudióloga y una administrativa para atención de público- ha efectuado 1.606 certificaciones mediante la aplicación del Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (Ivadec-Cif).
“Al comparar la cantidad de certificaciones de discapacidad entre enero – mayo 2017 (1.187) y el mismo período de 2018, se evidencia un incremento de 36%”, aseveró el seremi de Salud, Erick Jiménez.
El jefe local de la cartera explicó que se considera a una persona como discapacitada cuando tiene una o más deficiencias físicas, mentales o sensoriales, de carácter temporal o permanente, y que al interactuar ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.
Según Natalia González, encargada de la unidad de Discapacidad de Compin, intentan cubrir todas las necesidades de los usuarios, incluyendo la autorización de licencias médicas, tratando de agilizar los requerimientos. “Efectivamente, la ley de inclusión laboral es importante y un gran avance, debido a eso estamos generando mayores certificaciones (…) con la mejor disposición de que se resuelvan lo antes posible cumpliendo los plazos establecidos por ley”.
Durante 2017 la Compin realizó 3.009 certificaciones que se dividieron en: 1924 de origen físico; 400 mental psíquico; 324 mental intelectual, y en el área sensorial se regularizó a 177 personas con problemas visuales; 116 con patologías auditivas y 63 sin discapacidad.
En tanto, en lo que va corrido del año las confirmaciones de restricción para trabajar se dividen en 1.088 de origen físico, 199 a la mental psíquica, 156 a mental intelectual, 86 sensorial visual, 65 sensorial auditivo y 12 sin discapacidad. Del total de procesos realizados este año 660 son de origen severo, 860 corresponden a hombres y 746 a mujeres.
En general, las enfermedades que más certificaciones obtienen son las articulares degenerativas como artrosis y artritis; déficit neuromusculares, amputaciones y enfermedades viscerales como las renales y diferentes tipos de cáncer. En el área mental la mayoría son del tipo intelectual, trastorno del espectro autista, y psíquicas como la esquizofrenia y trastorno de personalidad.
Según González reciben 50 solicitudes diarias y contabilizan en promedio 300 certificaciones mensuales, de las cuales hasta a la fecha, sólo han rechazado 13 casos por incongruencia en la información médica y los exámenes aportados; usuarios que no completan expediente obligatorio de certificación y por falta de antecedentes médicos que avalen patologías mencionadas.
El presidente de la Compin, Diego Olivar, detalló que en promedio tardan 20 días hábiles en calificar la discapacidad, según el artículo 14 de la Ley 20.422 y certificarla en un plazo de cinco días máximo. Sin embargo, a la fecha la Compin ha agilizado sus lazos, logrando el objetivo de certificación en 15 días hábiles, lo que les ha permitido mantener su certificación en Norma ISO 9001/2015”, dijo y agregó que hasta la fecha no cuentan con procesos pendientes.
Cabe destacar que la discapacidad se acredita iniciando el trámite en la Compin o en el Centro de Salud Familiar en el que la persona se atiende. En ambos casos se elaboran tres informes obligatorios, que forman parte del expediente de calificación: biomédico funcional, social y de redes de apoyo. Además, de un cuarto correspondiente al Informe de Desempeño.
Una vez entregado el expediente la Compin revisa los antecedentes, estableciendo el porcentaje de discapacidad global, vigencia de la certificación y existencia o no de movilidad reducida. Luego esa información es remitida al Registro Civil e Identificación para la inscripción de la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad y la correspondiente credencial.
Las personas que cuenten con la acreditación podrán postular a programas de ayudas técnicas y fondos concursables de Senadis; programas de capacitación y empleo del Sence; uso de estacionamientos exclusivo para personas en situación de discapacidad; boleto del Biotrén rebajado; bajas arancelarias en la importación de vehículos y ayudas técnicas, así como la postulación a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales relacionadas a la condición.