Antes fueron las inmobiliarias y hoy es la industria forestal quien es sindicada como uno de los principales responsables de los incendios que afectan el centro sur de nuestro país. Se deja de lado la sequía, el calentamiento global y las altas temperaturas, y se acusa sin saber a ciencia cierta qué grado de responsabilidad tienen los monocultivos en la propagación de los incendios, o si estos son más inflamables que las especies nativas o las plantaciones agrícolas.
La contingencia actual permite hacer un llamado urgente a retomar el Proyecto de Ley que duerme en el Congreso desde el año 2018 (Boletín 11696-12), que hace obligatoria la evaluación ambiental de las plantaciones forestales superiores a 250 hectáreas.
La actividad forestal históricamente ha estado excluida del trámite ambiental, y su sometimiento permitirá disipar las incertezas y conocer sus reales impactos, actuando como una herramienta preventiva de gestión de riesgos que, de paso, debería ayudar a disipar los miedos de los más férreos acusadores.
Pablo Tejada
Abogado Especialista en Derecho Ambiental