Señora Directora:
Después del golpe militar de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez, no dudó un instante en donde estaba su deber; según él: “nosotros supimos desde el primer momento que, debíamos estar al lado de las víctimas, sin que nos importara su color, ni ideología”. Nuestra obligación era salvaguardar la vida humana; para ello, debíamos proteger intransigentemente los derechos de las personas. Por defender a perseguidos, varios sacerdotes y obispos sufrieron amenazas y hostigamientos. El 15-8-1976, en el aeropuerto de Pudahuel, partidarios de la dictadura, portando carteles, amenazaron a viva voz, les lanzaron monedas y dieron golpes a obispos: Carlos González, Enrique Alvear y Fernando Aristía, quienes regresaban de Ecuador. En muchas oportunidades, para amedrentar, el régimen calificó de “activistas políticos” a sacerdotes y religiosos que cumplían labores pastorales en sectores populares. En carta del 4-2-1983, obispo Fernando Aristía, manifestó que el padre, Andrés Guljas, debió abandonar su trabajo en Vallenar y, ser trasladado a Santiago, de lo contrario, caería sobre él la expulsión del país decretada por el Ministerio del Interior. Un recuerdo, a raíz de lo anunciado por el gobierno este 15-7-2021, de enviar al Congreso proyecto de ley contra amenazas y hostigamientos.
Derico Cofré Catril