El reciente fallo de la Contraloría que rechaza el protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales más conocida como Ley de Aborto plantea al menos tres cuestiones de fondo sobre las cuales me parece interesante reflexionar.
Aún en ciertos sectores que defienden el legado del Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet persiste la idea que se puede imponer a toda la sociedad una forma única de actuar frente al aborto, habiendo sido la consigna la despenalización y no la legalización, lo cual nos muestra una vez más la falta de transparencia en las propuestas hechas a la ciudadanía y la falta de veracidad sobre los medios propuestos para alcanzar fines políticos. Esto que pudiera parecer hasta ingenuo en ámbito político es una mala práctica que socava la confianza y afecta el interés público.
Si bien la objeción de conciencia institucional es una realidad nueva en el andamiaje bioético y jurídico que muchos pueden desconocer, el sentido común percibe que las instituciones, particularmente las sanitarias privadas, tienen una misión y visión a través de la cual buscan ser un aporte a la sociedad. Desde sus particulares formas de entender el mundo y la sociedad – formando parte de la diversidad – buscan diferenciarse de otras instituciones a través de una cultura institucional, que se expresa en servicios que llevan la impronta valórica o ethos comunitario institucional. Por tanto, no es extraño adscribir a una institución, no tanto sólo pragmáticamente como suele ocurrir hoy en día, sino también compartiendo su finalidad y los medios o buenas prácticas que conducen al cumplimiento de su misión. No debemos quedarnos por tanto con el pobre presupuesto de que sólo es exigible un mínimo en el comportamiento social dado por la ley sino que debemos apuntar a un máximo de comportamiento ético no tan solo individual – sino también comunitario -en el marco de las instituciones que libremente hemos elegido integrar.
Finalmente, genera cierta preocupación que el Estado busque limitar el aporte real que instituciones privadas pueden realizar en vista al bien público. Esta cuestión no es tan sólo económica – en el sentido que afecta la inversión de quienes quieren lícitamente emprender – sino también de carácter ideológico al querer suprimir el rol subsidiario que el Estado puede cumplir a través de la sociedad civil para el desarrollo del país. Esta insistencia en que instituciones privadas que reciben fondos públicos para surtir distintas prestaciones no pueden separarse del supuesto ethos del Estado (más allá de lo que la ley de despenalización manda) imprime a la sociedad una camisa de fuerza que impide a un sector del mundo privado desarrollarse y ser una solución de calidad al servicio de la salud de las personas y de esta manera cerrar las brechas de atención y servicio que nuestro país requiere.
Dr. Cristián Vargas Manríquez