En la última semana de su mandato, la Presidenta Michelle Bachelet hizo uso de su legítimo derecho a enviar una iniciativa de ley al Congreso: la reforma a la Constitución. Dicha reforma, que fue promesa de campaña de la actual mandataria, llega objetivamente tarde, lo que demuestra el poco interés que tuvo este gobierno por hacer un cambio efectivo de nuestra carta magna. Si hubiera querido cambiar la Constitución en este periodo, hubiera empezado a trabajar desde el día uno, tal como lo hizo Ricardo Lagos, y no hubiera dejado este proyecto para los descuentos de la administración.
En ese sentido cabe preguntarse ¿cuál es la razón del envío de este proyecto a estas alturas? más aun cuando es claramente imposible que avance en su mandato. Diría que hay dos motivos políticos. El primero es un saludo a la bandera, una forma de decir que en cierta manera cumplió con su promesa de campaña, y que el proceso constituyente no vinculante realizado durante el 2016 (que costó más de 500 millones de pesos) sirvió de algo.
La segunda razón es dejarle un caballo de Troya a la administración de Sebastián Piñera, ya que el futuro mandatario deberá tomar una decisión sobre este proyecto cuando asuma, siendo lo más probable que lo deseche o lo deje dormir en el Congreso. Estos escenarios son una piedra en el zapato para Piñera, ya que desechar o trabar esta reforma generará polémica y desaprobación en la ciudadanía, y sobre todo en la oposición, la cual va aprovechar esta reforma para abrir un flanco donde golpear al futuro gobierno.
Las reformas constitucionales son procesos serios e importantes, pues sientan las bases de la institucionalidad. Procesos en que es deseable la participación ciudadana y un tiempo serio de debate para generar cuerpos legales que regularán al país por décadas. Estos procesos no deberían ser usados jamás como un gambito político con finalidades instrumentales ni tampoco transformarse en simples saludos a la bandera.
Lucas Serrano Barraza
Académico de Administración Pública
Universidad San Sebastián