Es posible avanzar hacia buenas políticas públicas para la infancia siempre y cuando se establezca una adecuada coordinación entre los organismos que deben garantizar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local.
En la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 hemos desarrollado orientaciones para la elaboración de políticas intersectoriales y con enfoque de derechos en materia de familias; diseño de espacios públicos; orientaciones para una política de infancia indígena; para la reducción de la victimización secundaria en NNA víctimas de abuso sexual; orientaciones para una política y plan de acción de erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones; y un modelo para garantizar el derecho a vivir en familia, entre otras.
Todas estas políticas se han generado a partir del trabajo intersectorial y más allá de los logros alcanzados, da cuenta de esfuerzos permanentes en la construcción de acuerdos orientados hacia la generación de cambios en el diseño e implementación de políticas públicas a partir de la consideración del interés superior del niño como un principio central.
Pero no siempre es fácil llegar a acuerdos y trabajar coordinados, en regiones sobre todo y dado el excesivo centralismo, muchas veces emergen tensiones por una lógica de gestión pública que opera desde la fragmentación sectorial en términos técnicos, políticos, administrativos y presupuestarios. Ésta muchas veces se traduce, en la práctica, en la reducción del niño o niña a aquellos ámbitos de los que el sector se identifica como responsable -el niño como alumno, como paciente, como individuo separado de su familia- en lugar de su consideración de manera integral.
Dada la diferencia de enfoques y posiciones, se hace fundamental por lo tanto seguir avanzando en la construcción de un marco conceptual y ético común, consistente con los compromisos asumidos por Chile en materia de derechos humanos y de la niñez. Sin duda, dicha construcción y su traducción en el diseño, implementación y evaluación de planes, políticas y programas, requiere de un claro mandato referido a la prioridad de la niñez en la gestión pública que permita la provisión, desde un enfoque de derechos, de un piso de protección social desde la gestación hasta la adolescencia.
Ello debe sostenerse en una institucionalidad en materia de niñez y adolescencia capaz de establecer las directrices, articular de manera orgánica la gestión de cada sector, y especialmente exigir el cumplimiento de prioridades, cuestiones a las que apuntan los procesos de reforma normativa e institucional impulsados desde el actual Gobierno.
Se requiere seguir avanzando en el desarrollo de metodologías de gestión intersectorial para un abordaje integral y efectivo de las políticas de niñez. Sólo así podremos alcanzar un país más justo que garantice los derechos y proteja a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile.
María Estela Ortiz Rojas
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de la Infancia