Señor Director:
Antes de que el Congreso termine de debatir el proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior en Chile, ya se sienten los efectos de normas que incorporan elementos que denotan un claro sesgo en el diagnóstico, en contra de cualquier universidad privada.
Uno de ellos es la nueva norma que regula la asignación de campos clínicos; es decir, hospitales y consultorios dependientes de los servicios de salud, que son utilizados para la formación de profesionales de esta área en el país. Esta norma consigna que la adscripción a la gratuidad es un factor decisivo y determinante para la asignación de establecimientos docentes asistenciales de la red pública, incorporando de esta manera políticas de presión ante una opción que es voluntaria y que en nada se relaciona con la calidad de la formación de profesionales. Hoy son muchas las universidades que hacen un aporte real y sustantivo a la salud en Chile, las que se verán discriminadas por no ser parte de esta política.
Asimismo, otra muestra es el cambio extemporáneo y no debatido que impuso el Consejo de Rectores (CRUCH) a las universidades que están adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA). Esta modificación indica que la admisión a programas vespertinos debe ser considerada dentro del 15% tradicionalmente utilizado para la admisión especial diurna, y que el 85% restante deberá ingresar vía PSU. Esto puede ser muy injusto para un sector importante de la población, principalmente mayores de 30 años, que estudiaron carreras técnicas, que tienen las competencias y la voluntad de continuar estudios universitarios y a quienes este cambio sólo les pondrá más barreras en el camino.
Todos entendemos, y estamos de acuerdo, que el fin último de esta reforma es la disminución de las desigualdades en acceso a la Educación Superior en Chile, así como mejorar su calidad.
Ejemplos como los aquí expuestos, sin embargo, nos muestran un camino que va en una dirección totalmente contraria, utilizando normativas de presión frente a las casas de estudios, visibilizando así una evidente discriminación frente a las universidades privadas, y lo que es peor, en desmedro de los estudiantes y sus familias.
Hugo Lavados Montes
Presidente Consejo de Universidades Privadas Acreditadas
Rector U. San Sebastián