Señor Director:
Hace poco el contralor general de la República afirmó que en Codelco existían presuntos actos de corrupción que no necesariamente están vinculados con malversación de fondos, sino con contratos de familiares directos para prestación de servicios a la cuprífera.
No deja de llamar la atención, toda vez que la estatal cuenta con una ley de gobierno corporativo que incluso ha sido reconocida en el extranjero. Sin embargo, en tiempos en que la relación de confianza entre las instituciones y los ciudadanos está a la baja, es importante dejar que la Contraloría cumpla su función y realice las acciones necesarias incrementando los controles mirando el imprescindible accountability. Esto, no solo para descubrir alguna irregularidad, sino para que se entienda que nadie está fuera del principio de juridicidad, y que es un imperativo del principio de probidad que todos quienes trabajan para el Estado están obligados a realizar.
Es necesario que se comprenda que siempre sus actos son escrutados y juzgados por la ciudadanía. Cualquier negación de este principio básico por parte de la autoridad, dejará a la misma en tela de juicio.
Rafael Rosell Aiquel
Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad San Sebastián