Llevamos tres años y medio discutiendo sobre la reforma educacional de este gobierno. El Mineduc anunció varias veces la presentación del proyecto de ley al Congreso pero buscando más apoyos lo postergó innumerables veces. Pero hoy ya hay proyecto e incluso una serie de indicaciones para corregirlo.
Pero una vez más como en los últimos 40 años de nuestra historia, la educación técnico profesional (TP) es la gran ausente. Aunque en esta vez podríamos ocupar una frase que algunas veces se le aplica a equipos de fútbol chilenos cuando juegan en el exterior: “jugamos como nunca pero perdimos como siempre”. Esta contradicción la menciono porque efectivamente el equipo del Mineduc, encabezado con convicción por Marcela Arellanos, ha logrado posicionar el tema TP en la discusión nacional pero eso no ha quedado reflejado en la controversial reforma educacional.
Como siempre esta reforma parte de la base que la educación superior es universitaria, pero que existe la TP y habrá que considerarla, pero los principios orientadores están en la universidad. La gratuidad partió solo para la universidades, y eso no es solo un problema cronológico sino de prioridades. Por lo tanto, cuando nace la gratuidad y se hacen las primeras campañas comunicacionales este beneficio se asocia directamente a las universidades.
Hay un factor simbólico donde la gratuidad queda asociada a la universidad (y no a los centros de formación técnica o los institutos profesionales). Ya sabemos que las facilidades de acceso al financiamiento modifican las elecciones de los postulantes porque en 2006 cuando el (ahora denostado) CAE pudo ser aplicado en la TP hubo un aumento sustantivo de la matrícula en el sector a costa de las universidades. Quedó demostrado que los alumnos preferían ir a la TP que a la universidad pero como no había financiamiento elegían donde sí existía. Y ahora sucedió al revés, alumnos que hubieran elegido TP se vieron forzados a elegir una universidad porque solo ahí había financiamiento. Afortunadamente, eso ya cambió y una parte relevante de la TP se incorporó a la gratuidad, pero en el inconsciente ya quedó establecido que la gratuidad te puede llevar a la universidad.
Pero están los 15 CFT estatales. Se quiso manifestar que era importante que existiera una oferta pública de formación TP, por lo que otro de los pilares del programa de gobierno era crear un CFT por cada región. Es importante que exista oferta pública, pero nunca entendí por qué no se reconoció lo que existe hace ya varios años como el Virginio Gomez, el CFT Lota-Arauco, el Teodoro Wickel de la Ufro, el IP Los Lagos o las facultades tecnológicas de varias universidades estatales. Ahí tenemos oferta pública TP, podríamos haberla potenciado y quizás complementado donde realmente se necesitara. ¿Necesitábamos partir desde cero? El problema es que se ha perdido mucho tiempo, porque hasta ahora solo se han elegido dos rectores que ahora se deben sentar a pensar cómo será su CFT estatal.
El programa de gobierno incluía otras tres iniciativas que efectivamente podrían haber significado una diferencia pero hoy tienen dispares presentes. Lo primero es un Consejo Nacional TP, que se creó y está sancionando la “política nacional”, pero no se ha posicionado lo suficiente como ente rector (¿lo logrará?). Las otra dos son Consejos Productivos Regionales y Talleres Tecnológicos Regionales, ambos llamados a estructurar y potenciar la TP y su vinculación con el sector productivo a nivel local, pero lamentablemente no han visto la luz.
Quizás lo último relevante que podríamos incluir en los temas TP está en el aseguramiento de la calidad donde en algún momento la mega reforma a la CNA incluía crear dos consejos separados: uno para la TP y el otro para las universidades. De eso a la modificación en unos pocos artículos de la actual ley de aseguramiento de la calidad, la TP desapareció. Ahora en nada le afectarán las modificaciones.
La TP es clave para el desarrollo del país, los sectores productivos lo recuerdan de vez en cuando y los jóvenes lo tienen claro, por eso la eligen. ¿Hasta cuando tendremos que esperar a las autoridades y parlamentarios para que le den la prioridad que merece la TP?
Alejandro Weinstein Varas
Comisionado de la Comisión Nacional de Acreditación