Autoridades políticas y gremiales valoran el despliegue territorial y la gestión del delegado Julio Anativia, pero algunos cuestionan la falta de resultados concretos en generación de inversión.
Asociaciones municipales de la región piden que la protección de los funcionarios públicos sea abordada como una política de Estado y advierten que lo ocurrido en San Bernardo no puede ser tratado como algo aislado.
Desde la asociación de municipalidades locales advierten un impacto crítico en el financiamiento local y exigen mecanismos permanentes para evitar que la medida debilite los servicios de las comunas más vulnerables.
La Justicia entregó un plazo de seis meses para la indagatoria penal. Existe sólo un imputado por la Fiscalía.
Con la Región liderando las cifras de desempleo, autoridades demandan anuncios concretos en reconstrucción, conectividad y materia industrial para reactivar la economía local.
Las casas edilicias de la Región del Biobío demostraron dudas sobre el proceso, el que debería canalizarse por medio de estas mismas.