Asociaciones municipales de la región piden que la protección de los funcionarios públicos sea abordada como una política de Estado y advierten que lo ocurrido en San Bernardo no puede ser tratado como algo aislado.
Lo que debes saber
• El caso de San Bernardo puso en discusión la exposición de funcionarios ante amenazas, especialmente en zonas donde los municipios intervienen territorios ligados al delito.
• Asociaciones municipales del Biobío piden protocolos coordinados y mayor respaldo estatal, advirtiendo que las autoridades locales no deben quedar solas frente a estos riesgos.
• Los alcaldes también plantean reforzar la seguridad física de los recintos municipales, especialmente en comunas pequeñas donde no existen guardias ni medidas preventivas suficientes.
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El plan para atentar contra la vida del alcalde de San Bernardo (Región Metropolitana), Christopher White, puso en el debate la exposición de los funcionarios públicos frente al crimen organizado. El caso, detectado en el marco de una investigación del Ministerio Público y la PDI, motivó el reforzamiento de la seguridad del jefe comunal y planteó dudas sobre las condiciones en que las autoridades ejercen sus labores en territorios con actividad vinculada al narcotráfico.
El hecho generó reacciones transversales entre alcaldes a nivel nacional, quienes advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los municipios al intervenir barrios y espacios públicos vinculados al delito. En ese contexto, se reunieron con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para abordar su vulnerabilidad frente al crimen organizado, acordando una mesa de trabajo semanal que, en el plazo de un mes, deberá presentar propuestas de apoyo en seguridad y combate al delito.
Durante la reunión, el alcalde de Concepción y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Héctor Muñoz, sostuvo que hechos como el ocurrido en San Bernardo alteran la institucionalidad en sí misma. “Las amenazas a los alcaldes no son menores, son un atentado a la democracia”, declaró.
Asimismo, cuestionó la lentitud de las investigaciones por amenazas que él mismo ha recibido. “Yo en particular tengo una amenaza de muerte”, recordó el jefe comunal penquista, detallando que dicha causa está trabada desde 2024, a pesar de que el autor está identificado.
Paralelamente, el alcalde Christopher White relató que esta sería la sexta amenaza que recibe y reconoció que lo más preocupante es que este tipo de situaciones pueden terminar normalizándose.
“No quiero tratos privilegiados, no quiero garantías excepcionales; yo quiero hacer mi trabajo”, sostuvo el edil, quien retomó sus funciones acompañado por su equipo de seguridad.
La Fiscalía, en tanto, mantiene bajo reserva la investigación sobre el eventual plan en su contra y precisó que Juan Abdón Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, no fue formalizado por estas amenazas.
Consultado por Diario Concepción, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, llamó al Estado a entregar garantías para proteger a las autoridades.
“Al ser los alcaldes y alcaldesas la primera puerta del Estado, muchas veces enfrentamos situaciones vinculadas al crimen organizado, como la recuperación de espacios públicos tomados por bandas delictuales, donde inevitablemente aumenta nuestra exposición”, señaló.
Si bien Fuentes recalcó que, hasta ahora, la región no registra antecedentes comparables al caso de San Bernardo, advirtió que aquello no significa que los municipios de la zona estén ajenos al mismo tipo de riesgos.
Según explicó, alcaldes, concejales y funcionarios mantienen un contacto permanente con las comunidades y pueden quedar expuestos a reacciones de personas o grupos que buscan mantener el control de determinados territorios.
“Ninguna autoridad municipal debería tener que elegir entre hacer su trabajo y poner en riesgo su integridad o la de sus seres queridos. Necesitamos avanzar en protocolos claros y coordinados (…), lo ocurrido no puede ser abordado como un hecho particular”, planteó.
Por último, defendió que como autoridades alcaldicias seguirán “trabajando en la prevención y protección de nuestras comunidades”. Sin embargo, relevó que “la protección de las autoridades locales debe ser parte de una política de seguridad del Estado y no exclusivamente de la capacidad de respuesta de cada municipio”.
Desde otras zonas del Biobío, el diagnóstico apunta a otro tipo de vulnerabilidad. El presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío (Amcordi) y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, condenó el caso y sostuvo que los municipios pequeños que representa carecen de medidas de seguridad suficientes.
“Los municipios, chicos sobre todo en el territorio, parte de lo que yo represento, ninguno tiene medidas de seguridad. No existen, no hay; entonces hay que implementar medidas de seguridad”, aseveró.
Urrutia planteó que debería existir presencia de Carabineros o guardias capacitados en los accesos a las municipalidades, apuntando a que los funcionarios también pueden quedar expuestos ante conflictos derivados de decisiones administrativas.
“Usted va a cualquier ministerio y al entrar están los guardias (…), y en la municipalidad entra cualquiera y sale”, dijo.
Por otro lado, Urrutia aseguró que, hasta ahora, en las comunas que integran Amcordi no tienen antecedentes de amenazas de muerte contra sus autoridades. De todas formas, sostuvo que la situación obliga a reforzar las medidas preventivas antes de que ocurra un hecho de mayor gravedad.