Más de 300 funcionarios municipales y 30 alcaldes de todo el país participan en un seminario desarrollado en Hualpén, donde se analizan mecanismos como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido.

Asociaciones municipales de la región piden que la protección de los funcionarios públicos sea abordada como una política de Estado y advierten que lo ocurrido en San Bernardo no puede ser tratado como algo aislado.

Según el catastro, cada habitante de la zona significa un equivalente a \$22.640 al año, mientras la revalorización alcanza apenas los 5 kg por persona.