Más de 300 funcionarios municipales y 30 alcaldes de todo el país participan en un seminario desarrollado en Hualpén, donde se analizan mecanismos como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido.
Lo que debes saber
• Más de 300 funcionarios y 30 alcaldes se reúnen en Hualpén en un seminario de la AChM para buscar nuevas vías de financiamiento ante la falta de recursos locales.
• Autoridades de Hualpén y Lebu analizan la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y exponen la necesidad de apoyo técnico y alternativas para sus proyectos.
• El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, propone modificar la normativa para integrar a los gobiernos regionales y potenciar el modelo de concesiones.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
Por Montserrat Serra Cárdenas
La falta de recursos para concretar proyectos de infraestructura pública es una de las dificultades recurrentes que enfrentan los municipios del país. En ese escenario, autoridades comunales se reunieron para analizar alternativas de financiamiento que permitan avanzar en iniciativas que no han logrado materializarse mediante las vías tradicionales.
Más de 300 funcionarios municipales y 30 alcaldes del país participan en dependencias de la Universidad Técnica Santa María (USM) de Hualpén, en el seminario “Instrumentos de financiamiento para infraestructura pública a nivel local: Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) y Fondo de Infraestructura S.A.”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Para el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, la Ley de Financiamiento Urbano Compartido representa una alternativa que podría ser aprovechada por las casas edilicias, aunque advirtió que actualmente existen dificultades para utilizarla. “Hay un sinfín de proyectos que perfectamente podrían estar apuntados a este financiamiento, pero necesitamos cierto grado de asesorías técnicas para poder desarrollarlos”, sostuvo Rivera.
En el caso de la comuna hualpenina, el jefe comunal destacó la necesidad de contar con nueva infraestructura en el sector Cuatro Canchas, como, por ejemplo, un centro cívico.
Por otro lado, en Lebu, la principal iniciativa que busca concretar el municipio es la construcción de su edificio consistorial, proyecto que contempla dos inmuebles en los alrededores de la Plaza de Armas y cuyo costo estimado alcanza los $10.000 millones.
La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, explicó que la iniciativa cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) hasta diciembre de este año, pero que el municipio no ha logrado obtener los recursos necesarios a través del financiamiento público tradicional.
Tiznado valoró que las municipalidades puedan participar en la discusión sobre eventuales modificaciones a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y plantear propuestas para mejorar su aplicación.
Además, indicó que el escenario presupuestario actual ha dificultado el avance de iniciativas municipales. “Estamos levantando proyectos en las distintas áreas, pero la estrechez fiscal actual que tiene el Gobierno nos impide poder seguir avanzando como quisiéramos”, agregó. A esto, acotó, se suman las emergencias y otras necesidades locales que han obligado a redistribuir los recursos disponibles.
Desde el Gobierno Regional (Gore) del Biobío, el gobernador Sergio Giacaman planteó que la Ley de Financiamiento Urbano Compartido requiere modificaciones estructurales para ampliar las posibilidades de participación del sector público.
“Desde el Gobierno Regional tenemos la convicción de que la ley está coja porque solamente busca trabajar en el mundo público con el Serviu, y creemos que hay una oportunidad importante para abordarlo también a través de los gobiernos regionales”, señaló.
En esa línea, la máxima autoridad regional también defendió el modelo de concesiones como otra alternativa para desarrollar obras y pidió evaluar nuevamente su utilización en proyectos de infraestructura regional. “Tenemos la convicción de que el modelo de concesiones es un modelo robusto y sólido que permite contar con obras de infraestructura de muy buena calidad en los plazos estipulados”, afirmó.
Giacaman vinculó este debate con la situación económica y laboral del Biobío. Asimismo, manifestó que espera que el Ejecutivo pueda reevaluar las alternativas para ejecutar los proyectos de los corredores de transporte público, considerando (según indicó) que la empresa involucrada ha manifestado disposición a reducir costos.