El modelo actual de gestión del agua no es sostenible, pues considera a este elemento como un recurso económico infinito y transable en el mercado.

Una reforma no constituye una amenaza. Al revés: se busca dirimir conflictos sobre un recurso que el país debe administrar de manera más eficiente, sustentable y equitativa.

Entre otros, habría mayor acceso a derechos (DAA) de los pueblos originarios y se desconcentraría su propiedad actualmente en manos de 15 usuarios. Además, se acortaría la formación de Juntas de Vigilancia y existiría mayor certeza jurídica para el sector agrícola regional.

Sin mecanismos regulatorios adecuados, el mercado del agua nacional mantendrá características especulativas que son nefastas para la subsistencia de la población.

“Hay gente que se ha enriquecido con esta fórmula de pedir un derecho de aprovechamiento, prácticamente gratis, sólo para especular”, dijo el gerente de la asociación, Héctor Sanhueza. A su juicio, eso sí, una futura modificación constitucional generaría resquemores ante eventuales “expropiaciones”.

Desde el gobierno aseguran que tiene como prioridad que el agua sea de uso público para consumo humano.