“Hay gente que se ha enriquecido con esta fórmula de pedir un derecho de aprovechamiento, prácticamente gratis, sólo para especular”, dijo el gerente de la asociación, Héctor Sanhueza. A su juicio, eso sí, una futura modificación constitucional generaría resquemores ante eventuales “expropiaciones”.
Los derechos de agua consuntivos como no consuntivos están en tela de juicio por la sociedad. Hace unos días el Senado no pudo avanzar para una eventual modificación constitucional por no alcanzar el quórum necesario (dos tercios), aún cuando la mayoría votó a favor. En ese contexto, detrás hay un negocio especulativo ($1.800 millones en seis puntos de la cuenca del Bío Bío) y frente a esto el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, fijó su postura.
– ¿ Cuál es la visión de este trasfondo? Se habla derechamente de un “negociado” de los derechos del agua.
– Yo represento a una organización de regantes. Cada uno tiene los derechos. No es la asociación, sino que es individual de los asociados. No obstante, el tema en cuestión preocupa a todas las organizaciones y titulares de derechos de aprovechamiento, toda vez que históricamente en Chile, lo quiero recalcar mucho, desde que Chile es República los derechos de aprovechamientos de agua han estado en mano de los privados, digamos. Se ha tendido a confundir que es el Código del año 1981 el que estableció la norma, pero la verdad es que siempre ha sido así. Esa es una primera aclaración. Lo segundo, los derechos consuntivos que nosotros administramos, en general, no generan un problema indiscutible como si sucede en términos que los derechos de riego efectivamente se utilizan. No hay una tenencia de derechos para especular. Por lo tanto, no nos vemos, no nos sentimos aludidos cuando se habla que la tenencia de derechos privados genera todo un negociado, etcétera.
– Comprendo.
– Hoy día es muy difícil tener derechos de agua consuntivos superficiales, porque están prácticamente los ríos agotados.
– Y los derechos que están, se venden a unos precios elevados en algunos casos.
– Lo que pasa es que hay que ponerse un poco en la actualidad. Los derechos consuntivos de los canalistas tienen sus orígenes hace más de 100 años. Por lo tanto, la mayoría de quienes tienen estos derechos lo fueron adquiriendo muchos de ellos por compra. Nos es que exista un negociado. Ellos lo incorporaron a su patrimonio en algún momento. Hoy día, claro, si quieren vender parte de sus derechos y quieren recuperar la inversión que ahí tienen. No es que se hayan pedido para comercializarse. Se han tenido para el riego. Si yo quiero vender parte de mi propiedad, quiero achicar, el bien raíz, lo más probable es que venda asociado a algún tipo de derecho de agua. Toda esta defensa que hago de los derechos consuntivos, no quiero dejar de reconocer que la ley de alguna forma propició que hubiesen personas que tuvieran derechos de agua para hacer un negociado como usted me lo señala. Hay gente que se ha enriquecido con esta fórmula de pedir un derecho de aprovechamiento, prácticamente gratis, y lo ha tenido sólo para especular y después vender. Eso es innegable y no queremos aparecer defendiendo una cosa como esa.
– Entiendo.
– Por lo mismo, tuvimos participación en el Código de Agua que se materializó en el año 2005, en donde se estableció la patente por no uso. Uno de los promotores de esa herramienta fueron los propios regantes para combatir este sentido especulativo que la gente le estaba dando a los derechos de aprovechamiento de agua. Y creemos que es una buena herramienta para desincentivar este tipo de negocios. El Estado se ha quedado en plantear las dificultades, pero no ha buscado solución. Me explico, la patente por no uso opera cuando el aprovechamiento ha sido inscrito en los conservadores de bienes raíces . La gente que especula, que siempre anda buscando ingenios para evitar pagar o responder ante sus sociedades de los actos, lo que hace es no inscribir el agua. Por lo tanto, no queda efecto a patente. Lo correcto sería aplicar la patente a todo aquél que se haya sido concedido con una resolución de la Dirección General de Aguas. No esperar que tengan que inscribirlo y así evitar esta elusión que la gente hace.
– ¿Qué le parece lo que ocurrió en el Senado? No se pudo legislar.
– A nosotros no es que nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que derechamente hablando, en temas de propiedad de derechos de agua, el tema donde más se diferencian, hoy día, las ideologías de pensamientos de la sociedad. Hay gente que habla de la estatización y otros de la privatización total. Entonces, la pregunta que hago es para qué se quiere hacer una modificación constitucional, cuál es la intención detrás de eso. Si con ese argumento de constitucionalidad, después se le entrega al estado las facultades de expropiar, que la tiene , pero de quitar los derechos, nos preocupa. Entenderá que la experiencia histórica de la facultad que tiene el estado de quitar, no ha sido siempre bien utilizada y eso genera un tipo de inseguridad. Más que una oposición que se lleve a cabo una reforma constitucional sobre el agua como bien de uso público es, más bien, la aprehensión de lo que se quiere con ello.
– Esto va a quedar en el tintero un año más. Hay un estallido social que demanda un uso ético de los recursos, entendiendo el cambio climático, las sequías que están ocurriendo en el país. Hay una preocupación.
– Efectivamente. Nosotros no estamos contra eso. Cualquier esfuerzo que se haga con el uso eficiente del agua es bienvenido y contribuye sobre todo a las circunstancias que estamos viviendo. Lo importante es que quiero transmitir que los usos consuntivos de aguas no se están botando, están produciendo alimentos.