Mayoría de los permisos por parte de la DGA corresponden a pozos y punteras. El resultado está asociado a la reforma al Código de Aguas, de acuerdo a la misma institución.

La norma está en la primera fase de su discusión y ya ha despertado la preocupación de ciertos gremios frente a las implicancias que tendría la medida en algunos procesos productivos del país.

Entregar mayores potestades a la DGA es precisamente la forma en que el Estado pasa a tener mayores atribuciones para gestionar, verificar y difundir la información hídrica del país.

En el Congreso existen discrepancias respecto a las temáticas que resuelve el proyecto y en la oposición ya manifestaron una votación en contra aduciendo a que deben esperar que el tema lo resuelva la Convención Constitucional.

Quienes no disponen de agua saben lo que significa ese recurso. Que lo digan los habitantes de las distintas comunas que todavía reciben agua en camiones aljibe, tal como muestra el reportaje publicado en la página 6 de esta edición.