La norma está en la primera fase de su discusión y ya ha despertado la preocupación de ciertos gremios frente a las implicancias que tendría la medida en algunos procesos productivos del país.
“Pierde toda validez y eficacia jurídica el Código de Aguas en todo lo que sea aplicable sobre las normas que las disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución han aprobado”, apunta uno de los artículos de la norma aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional el pasado jueves 3 de febrero.
La norma aprobada genera la caducidad de los derechos de uso de aguas, sin indemnización para la minería, agroindustria y sanitarias, entre otras. La iniciativa señala que el agua “no puede ser objeto de apropiación privada ni de acción alguna que importe una alteración significativa de su ciclo hidrológico o que ponga en riesgo la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades que de ella dependen”.
La normativa fue presentada por 22 constituyentes representantes de los pueblos originarios en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Votaron 15 a favor y 4 en contra.
Cabe destacar, que es una votación transitoria y que también debe discutirse en el Pleno de la Convención. Se trata de una votación en general, que posteriormente debe votarse en particular, con posibilidad de sufrir modificaciones, y finalmente pasar al Pleno, donde necesitará 2/3 del quórum.
Cabe destacar que el actual Código de Aguas tendrá una reforma que ya fue aprobada por el Poder Legislativo en ambas cámaras. La Reforma reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable y que se trata de un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.
De hecho, consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.
A través de un comunicado el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes Marín, precisó que “la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente de la iniciativa constituyente que consagra el estatuto constitucional del agua y deroga los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas (que el mes pasado fue ratificado por ambas cámaras en el Congreso), es una pésima noticia que impactaría gravemente a más de 100.000 agricultores y regantes de los cuales, según clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 90% son pymes”, sostuvo el representante de la SNA.