La eliminación de la gradualidad en la entrega del aumento para la pensión básica solidaria de invalidez, total o parcial, constituiría una medida que contribuiría a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Es relevante acordar que el diálogo sea sin calculadora en mano, buscando los consensos, con una amplia participación de los sectores que integran la sociedad civil y, en especial, de la ciudadanía.

Institucionalidad política inclusiva sólo es posible con una nueva Constitución que consagre la solidaridad y no sirva como mero instrumento jurídico que impida todo avance hacia una sociedad más equitativa.