La eliminación de la gradualidad en la entrega del aumento para la pensión básica solidaria de invalidez, total o parcial, constituiría una medida que contribuiría a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.
Carola Rubia
Directora Ejecutiva Fundación Descúbreme
Durante las últimas semanas, la posibilidad de aumentar las pensiones de vejez e invalidez pertenecientes al Pilar Solidario ha sido una de las temáticas centrales en la agenda social nacional. Luego de las correspondientes sesiones de debate en el Congreso, esta iniciativa se materializó en una ley corta que señala que las personas mayores de 80 años verán un aumento del 50% en la pensión básica solidaria (PBS) y en la pensión máxima con aporte solidario, mientras que el resto de los grupos de edad tendrán este incremento de manera gradual en los próximos años.
En la práctica, esto se traduce en que los beneficiarios de una pensión básica solidaria de invalidez (Pbsi), muchos de ellos con discapacidad de 18 años o más y menores de 66 años, podrán contar con la totalidad de este reajuste recién el año 2022. En este punto, se debe precisar que las personas que acceden a este beneficio presentan una discapacidad que les impide trabajar total o parcialmente. Tomando esto en cuenta, estimamos necesario reconsiderar la gradualidad del aumento para este sector de la población, ya que este colectivo, al igual que las personas mayores, enfrenta una serie de barreras que se traducen en una mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del 2017, las personas con discapacidad se encuentran sobrerrepresentadas en los primeros quintiles, es decir, en aquellos de menores ingresos.
En concreto, el porcentaje de personas con discapacidad en el primer quintil es más de doble de la cifra obtenida para el último quintil (10,7% frente a 5,0%). Esta situación se condice con los datos que señalan que, en los hogares con presencia de personas con discapacidad, el ingreso autónomo es un 26,5% menos que en el resto de los hogares.
De acuerdo con la misma encuesta, las personas con discapacidad presentan mayores índices de pobreza multidimensional, lo que explica en parte, el hecho de que este colectivo posee 3,3 años menos de educación que el resto de la población y sólo un 30,3% realiza alguna actividad productiva remunerada en comparación con un 60,3% de las personas sin discapacidad.
Estas cifras visibilizan el conjunto de vulnerabilidades que experimentan las personas con discapacidad en nuestro país, las que se encuentran estrechamente vinculadas con la producción y reproducción de las barreras que limitan su participación en las diferentes esferas de la vida social. En este escenario, la eliminación de la gradualidad en la entrega del aumento para la pensión básica solidaria de invalidez, total o parcial, constituiría una medida que contribuiría a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. De esta manera, se estaría avanzando hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades que el resto de la población.