Institucionalidad política inclusiva sólo es posible con una nueva Constitución que consagre la solidaridad y no sirva como mero instrumento jurídico que impida todo avance hacia una sociedad más equitativa.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, Doctor en Derecho
Los profesores Acemoglu y Robinson, en su libro “Por qué fracasan los países”, postulan como uno de los factores de la desigualdad a las instituciones económicas extractivas, que son las que tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. En cambio, las instituciones económicas inclusivas son las que permiten crear mercados inclusivos que aseguran a las personas ser libres para ejercer la función que mejor se adapte a su talento y confiera iguales oportunidades para todos.
El énfasis se pone en la educación, la tecnología y la innovación, trilogía indispensable para el desarrollo económico sostenido, lo que implica necesariamente agregarle valor al producto, con fuentes de energía alternativas y con proyección medio ambiental sustentable.
Las instituciones económicas no son concebidas por la naturaleza. Son una creación de la sociedad. Dependen de decisiones políticas. Para estos autores, la política “es el proceso mediante el cual una sociedad elige las reglas que la gobernarán”. Por lo que las instituciones económicas dependen de las instituciones políticas, que también pueden ser extractivas o inclusivas.
En el primer caso, una pequeña elite concentrará el poder político y estará coludido con una pequeña elite económica, aumentando así su poder y enriqueciéndose a costa del resto de la sociedad. “En cambio, las instituciones políticas que reparten el poder ampliamente en la sociedad y lo limitan son pluralistas”.
El poder político reside en una pluralidad de grupos en los que tienen participación todos los miembros de la comunidad. De este modo, las instituciones políticas inclusivas tienden a eliminar las instituciones económicas extractivas, que expropian los recursos de la mayoría, levantan barreras de entrada a la competencia (con la colusión de precios, uso de información privilegiada o el monopolio) y suprimen la competitividad de los mercados, beneficiando a pequeños grupos de privilegiados.
Esta institucionalidad política inclusiva sólo es posible con una nueva Constitución que consagre la solidaridad y no sirva como mero instrumento jurídico que impida todo avance hacia la construcción de una sociedad más equitativa.
La aplicación que el Tribunal Constitucional (obviando su composición política y la designación de sus miembros como un premio a favores o lealtades partidistas) ha hecho de la actual carta fundamental pone en entredicho que su objetivo sea la equidad y la igualdad de oportunidades de todos, siendo la piedra de tope de cualquier cambio sustancial.