Los convencionales coincidieron en que es el Ejecutivo quien debe encontrar una solución al escenario actual y que ellos pueden sentar las bases para el futuro. Eso sí, algunos piden una autocrítica de sus pares sobre la violencia.
Para septiembre y agosto próximos quedaron agendadas las audiencias. Funcionarios arriesgan penas de 541 días a 5 años y un día de presidio.
