Investigación, que partió en el municipio, hoy está en manos de la Contraloría, que derivó los antecedentes al Ministerio Público.

A cinco meses del hecho, acusan abandono del Estado y de la Fiscalía, ya que la mujer, principal testigo del hecho, no ha sido llamada a declarar. Anunciaron acciones legales.

Argumentaron que la normativa se está implementando con efecto retroactivo, lo que no está permitido por la ley. Además, esta situación podría extenderse por hasta 40 años, por lo que se trata de un problema de diseño del beneficio.