Argumentaron que la normativa se está implementando con efecto retroactivo, lo que no está permitido por la ley. Además, esta situación podría extenderse por hasta 40 años, por lo que se trata de un problema de diseño del beneficio.
En el séptimo piso del Edificio Central de la Ucsc se desarrolló la tercera sesión del Consejo de Rectores, instancia en que los representantes de las universidades miembros discutieron sobre los efectos de la gratuidad, los cambios a la PSU y las modificaciones que se están realizando a los currículum de la enseñanza media.
La gratuidad nuevamente, estuvo al centro. Al respecto, el vicepresidente Ejecutivo de la entidad, Aldo Valle, manifestó que, hasta abril, las 29 universidades adscritas al Consejo de Rectores han dejado de percibir alrededor de 15 mil millones de pesos. “Estamos hablando de estudiantes que pagan hasta el 50% que deben volver a acreditar que son pobres, que no tienen recursos y que dependen de la respuesta del Ministerio sobre si tienen o no algún beneficio”, apuntó.
Este hecho derivó a que la entidad decidiera recurrir a la Contraloría General de la República por la aplicación de la normativa que establece la gratuidad, puesto que habría errores en su implementación.
“Nosotros tenemos diferencias con el Gobierno respecto a la aplicación de la ley, pues se está haciendo de forma retroactiva y eso no está permitido por la ley. Por ello hemos hecho una presentación a la Contraloría y nos encontramos a la espera de una respuesta”.
La autoridad universitaria precisó que existen diferencias a la hora de fijar precios a través de normas transitorias sujetas a una condición que podría extenderse por 30 o 40 años. “Consideramos que esto es una inconsistencia de quienes diseñaron la ley que estableció la gratuidad, y el actual Gobierno no ha hecho nada por cambiarlo, y hay una contradicción que no entendemos”.
En tanto, Christian Schmitz, rector de la Ucsc, si bien reconoció los problemas que les está dejando la implementación defectuosa de la gratuidad, adelantó que como Cruch, por el momento, no darán señales de protesta más fuertes, sino que esperarán el diálogo con el Gobierno. “Sabemos que los fondos estatales son estrechos y nosotros ya dimos una solución, que es utilizar los excedentes del Fondo Solidario para cubrir nuestras pérdidas, las que se van a ir acentuando”.
Schmitz aseguró que es muy difícil en las universidades de regiones que los estudiantes finalicen sus carreras en el periodo estipulado.
Por su parte, el vicerrector de la UdeC, Carlos von Plessing, adelantó que decisiones relacionadas con la gratuidad necesitan un análisis profundo, a raíz de las consecuencias que podrían traer. “No son sólo decisiones del Cruch, sino que son políticas públicas y esa conciliación no ha sido fácil”.