Retiro del proyecto del Gobierno reabrió debate por ganancias de la estatal y subsidios.
Lo que debes saber
•Utilizar parte de las utilidades de ENAP, reducir el impuesto específico y entregar subsidios focalizados son algunas de las alternativas planteadas para enfrentar el alza de los combustibles.
•Economistas advierten que recurrir a las ganancias de la estatal debe ser una medida excepcional, mientras que la diputada Joanna Pérez propuso suspender los PPM y postergar el IVA de los transportistas.
La posibilidad de utilizar parte de las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para enfrentar el alza de los combustibles surgió como alternativa tras el retiro del proyecto que buscaba limitar a $20 por litro los incrementos durante 90 días.
El debate apunta a qué medidas podrían reemplazar o complementar al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
ENAP informó alzas para este jueves, donde las gasolinas de 93 y 97 octanos subirían $38,7 por litro, al igual que el gas licuado de petróleo vehicular.
El diésel anotaría el mayor incremento, de $41,9, y el kerosene, $11,5. Esto ocurre mientras camioneros mantienen movilizaciones por el costo del combustible.
El lunes, el Presidente José Antonio Kast anunció una iniciativa para limitar a $20 por litro las alzas de las bencinas y el diésel durante tres meses.
El proyecto buscaba contener el impacto del encarecimiento internacional del petróleo y de los cambios aplicados al Mepco desde fines de marzo de 2026.
Aunque se esperaba votarlo el lunes 16 de noviembre, el Ejecutivo lo retiró y dejó de figurar en la tabla de este jueves.
Entre las opciones están reducir temporalmente el impuesto específico, entregar subsidios focalizados a sectores expuestos al diésel y utilizar excepcionalmente recursos vinculados a ENAP.
El eventual retiro de ganancias abre dudas sobre su disponibilidad y el efecto en las inversiones de la estatal.
Carolina Echagüe.
Iván Araya, director del IER y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, señaló que todas las alternativas tienen un costo fiscal.
Una rebaja transitoria del impuesto específico reduciría el precio final, pero también la recaudación y beneficiaría a consumidores que no necesitan apoyo.
Como opción más focalizada, propuso subsidios para el diésel del transporte de carga, el transporte público y las pequeñas y medianas empresas intensivas en combustible.
En Biobío, añadió, el alza repercute en las actividades forestales, industriales y portuarias y se traspasa a los costos de producción y distribución. Los apoyos deberían ser temporales y focalizados.
Sobre ENAP, advirtió que sus utilidades dependen de factores internacionales, especialmente de los márgenes de refinación, por lo que no son una fuente permanente. La empresa requiere recursos para inversión y modernización; un retiro excesivo podría debilitarla.
Araya consideró razonable evaluar una contribución extraordinaria de los dividendos de ENAP ante una contingencia, siempre que no comprometa sus finanzas ni proyectos. Son recursos públicos que, al destinarse a combustibles, dejan de financiar otras prioridades.
“ENAP puede ser parte de una solución transitoria, pero no debe transformarse en el instrumento para financiar una política permanente de precios artificialmente bajos”, sostuvo.
Araya citó rebajas tributarias en Alemania y México, descuentos en Francia y subsidios a distribuidores en Japón. Advirtió que el fondo colombiano llegó al 2,5% del PIB en 2022 y que mantener precios bajos mediante petroleras estatales puede afectar su inversión, como en Indonesia y Brasil.
En sus cálculos, reducir $20 por litro el impuesto específico podría costar unos $212 mil millones anuales, un 0,06% del PIB. En cambio, subsidiar el 20% del consumo de diésel con una ayuda de $100 por litro costaría cerca de $110 mil millones al año, un 0,03% del PIB.
Agregó que el Mepco implicó un esfuerzo fiscal cercano a $1,1 billones entre agosto y octubre, un 0,31% del PIB, por lo que llamó a fijar límites presupuestarios y focalizar las ayudas.
Carolina Echagüe.
Sergio Fernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, indicó que reducir o eliminar el impuesto específico requiere una iniciativa presidencial y aprobación del Congreso.
Advirtió que la tramitación debe ser acotada y segura. Los subsidios, agregó, requieren definir beneficiarios y suelen ser limitados.
Fernández dijo que, si debiera escoger, optaría por eliminar el impuesto específico, aunque la menor recaudación tendría que compensarse.
Sobre ENAP, explicó que usar sus utilidades no es gratuito: son recursos que dejan de ingresar al Fisco y que podrían recuperarse después mediante ajustes de precios.
Así, la recuperación podría distribuirse en el tiempo y evitar un impacto inmediato mayor.
La abogada tributaria Carla Huerta sostuvo que la contingencia evidencia la dependencia del petróleo. El Mepco amortigua variaciones, dijo, pero no resuelve esa exposición: Chile debe avanzar en electromovilidad e infraestructura de recarga.
Huerta citó el reporte 2026 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que contabilizó 5.245 cargadores para vehículos eléctricos en 2025, de los cuales 1.230 eran públicos y 4.015 privados, frente a 24 en 2018.
Carolina Echagüe.
Para Huerta, se requieren puntos de carga y redes en rutas interurbanas y regiones; los incentivos tributarios pueden facilitar inversiones y distribuir sus beneficios.
La diputada por el Biobío Joanna Pérez propuso suspender por tres meses los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) y postergar el IVA de ese período para pagarlo en seis cuotas.
Dijo que pidió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evaluar también créditos blandos y apoyos paliativos. “Los transportistas cumplen una labor fundamental para el abastecimiento de nuestro país”, afirmó.
Pérez pidió al Ministerio del Interior recibir a los transportistas para evitar efectos en el tránsito y el abastecimiento. También pidió incluir al transporte rural, escolar y taxis colectivos, para proteger empleo y conectividad de las familias.
Diario Concepción contactó a ENAP para conocer su posición sobre el uso de sus utilidades y las eventuales consecuencias para la empresa, pero la estatal desistió de entregar declaraciones.