El texto señala que, para asumir un cargo público —ya sea por nombramiento, elección o contratación—, el postulante deberá someterse a un control de consumo de drogas y presentar una declaración jurada en la que manifieste no encontrarse afecto a esta inhabilidad. “El resultado del control deberá ser negativo, salvo en los casos justificados por tratamiento médico”, agrega la moción.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados ahora es el turno de la Cámara Alta.

El análisis realizado por PwC y la Universidad Diego Portales expone que la Región registra una de las peores evaluaciones de los trabajadores a sus compañías, dentro de la misma materia.