Un grupo de senadores ingresó un proyecto de ley que busca conceder amnistía a personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad que han sido condenados, investigados o procesados por hechos delictivos en el contexto de octubre de 2019.
Se trata en particular de la moción Boletín N° 17784-07 que se encuentra desde el martes 19 de agosto en su primer trámite constitucional.
En detalle, la idea matriz de la moción estipula que “consiste en conceder una amnistía general exclusiva a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados o se encuentren actualmente siendo investigados o procesados por hechos delictivos ocurridos en el contexto del denominado estallido social, comprendidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de enero de 2021, ambos días inclusive”.
Continúa la moción, indicando que “quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía aquellos individuos que no formen parte de dichas instituciones o que sean investigados por delitos distintos a los relacionados con dicho contexto”.
Según lo que asevera la moción parlamentaria, “esta medida busca equilibrar el tratamiento jurídico aplicado, reconocer la función desempeñada por dichas fuerzas en el mantenimiento del orden público y contribuir al logro de una verdadera reconciliación y amistad cívica en el país”.
Entre sus argumentos, la iniciativa explica que “la amnistía propuesta evita una revisión pormenorizada caso por caso, buscando establecer un criterio de abstracción y generalidad que se alinea con los postulados de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y debido proceso”.
Explican que “se persigue con ello cerrar jurídicamente un ciclo marcado por la crisis democrática, lo que contribuye a la estabilidad institucional y a restaurar la confianza en las instituciones públicas”.
La moción anteriormente citada, es de autoría de los senadores Juan Castro, Alejandro Kusanovic, Carlos Ignacio Kuschel, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.
Vale mencionar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) detalló la cantidad de acciones judiciales que han iniciado como entidad en la Región del Biobío. Esto en el contexto del estallido social de octubre de 2019, hace seis años.
En específico, el INDH precisó que como institución han interpuesto 265 querellas, de las cuales 124 corresponden a apremios ilegítimos; 111 a casos de tortura; 22 corresponden a casos de violencia innecesaria y 8 corresponden otros tipos de vulneraciones reportadas. De acuerdo con el informe, en total son 330 el número de víctimas patrocinadas por el INDH.