El texto señala que, para asumir un cargo público —ya sea por nombramiento, elección o contratación—, el postulante deberá someterse a un control de consumo de drogas y presentar una declaración jurada en la que manifieste no encontrarse afecto a esta inhabilidad. “El resultado del control deberá ser negativo, salvo en los casos justificados por tratamiento médico”, agrega la moción.
Un grupo de senadores ingresó un proyecto de ley que busca prohibir el desempeño de cargos y funciones públicas a quienes presenten dependencia de drogas ilegales, estableciendo además controles obligatorios en el sector público.
Se trata en particular de la moción Boletín N° 17.785-06, presentada por las senadoras Ximena Rincón y Luz Ebensperger, junto a los senadores Francisco Chahuán, Iván Flores y Sergio Gahona, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional.
En detalle, la idea matriz de la moción estipula que “no podrán desempeñar cargos públicos ni funciones en la Administración del Estado, incluidos los órganos autónomos, gobiernos regionales, municipalidades, sus entidades dependientes, así como empresas públicas y sociedades con participación mayoritaria del Estado, quienes presenten dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo que justifiquen su consumo por un tratamiento médico debidamente acreditado”.
El texto señala que, para asumir un cargo público —ya sea por nombramiento, elección o contratación—, el postulante deberá someterse a un control de consumo de drogas y presentar una declaración jurada en la que manifieste no encontrarse afecto a esta inhabilidad. “El resultado del control deberá ser negativo, salvo en los casos justificados por tratamiento médico”, agrega la moción.
Además, se establece que quienes ya se encuentren en ejercicio de funciones estarán sujetos a controles aleatorios y periódicos de drogas, en “un procedimiento reservado y respetuoso de los derechos fundamentales”, incluyendo la protección de los datos personales.
La moción parlamentaria explica que esta medida busca fortalecer la integridad del Estado frente al narcotráfico y el crimen organizado, considerando que el consumo problemático de sustancias constituye no solo un riesgo sanitario, sino también institucional.
“La presencia de funcionarios públicos bajo influencia o dependencia de drogas compromete su capacidad de decisión y los convierte en eslabones vulnerables ante presiones externas o redes criminales”, advierte el proyecto.
Asimismo, se establece que los exámenes deberán ser técnicamente idóneos, descartando test que puedan ser fácilmente eludidos. Por ello, se privilegiarán procedimientos con ventanas de detección más amplias, como pruebas capilares o de sangre.
Con esta iniciativa, los autores buscan elevar los estándares de idoneidad, transparencia y probidad en la función pública, alineando a Chile con mecanismos ya implementados en instituciones como el Poder Judicial y la Cámara de Diputadas y Diputados, donde existen reglamentos de control preventivo de consumo de drogas para autoridades y funcionarios.
Vale mencionar que en Chile ya existen legislaciones que regulan y, en muchos casos, prohíben el consumo de drogas por parte de funcionarios públicos.
Un ejemplo de ello es la Ley N.º 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado) que establece inhabilidades para ejercer altos cargos públicos (ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directivos, hasta jefe de división) si se tiene dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, salvo justificación médica.
En el ámbito comunal, también se encuentra vigente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N.º 18.695), que aplica la inhabilidad análoga al ámbito comunal, tanto para alcaldes como para concejales. Estos no pueden tener dependencia a drogas ilegales sin justificación médica.