Según el informe emitido por la CGR, el Instituto Nacional de Estadísticas habría contratado a 16 personas con antecedentes penales y otras 14 con expulsión administrativa pendiente.
La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para garantizar que las remuneraciones mantengan su carácter de inembargables incluso después de ser depositadas en cuentas bancarias, en el contexto de cobranzas asociadas al CAE y otros créditos estudiantiles.
Desde la Municipalidad están evaluando las herramientas jurídicas. Agrupaciones ciudadanas confirmaron que preparan acciones en la justicia.
El alcalde Ítalo Cáceres y el Concejo Municipal de Tomé manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto de tierras raras y aseguraron que el desarrollo económico no puede realizarse a costa del medio ambiente ni de la calidad de vida de la comunidad.