n octubre de 2020, se cumplió el sexto aniversario de la entrada en vigencia de la ley 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas, propiamente llamada Ley Concursal, aunque por la fuerza de la costumbre, se le siga llamando “ley de quiebras”, denominación heredada de anteriores legislaciones.

No podemos permitirnos quedarnos atrás y volver a invisibilizar las necesidades de los Chilenos y las urgencias de adaptación y de cambio, sin caer en tentaciones refundacionales que arriesguen las bases que han permitido aquello que hemos avanzado hacia el progreso.

Hasta ahora, la Constitución de 1980, establecía una igualdad de carácter formal al señalar que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”, no reconociéndose el principio de no discriminación.

Una cuestión importante es que la Nueva Constitución se pronuncie en forma clara respecto de la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa doméstica. Esto implica que establezca claramente cuál será el rango y el alcance de los tratados internacionales de derechos humanos y las obligaciones de respeto y garantía que Chile ha contraído en materia de derechos humanos.