“Para evitar lo impostergable, no es posible seguir escudándose en hechos de violencia por quienes tienen la obligación de mantener el orden social e institucional”.

Todas las autoridades competentes, sin duda, tienen una enorme responsabilidad para que los efectos negativos de la aplicación de la PSU, al parecer en su último año de aplicación, sean lo menos perjudiciales posible.

La mortandad de las Pymes es un asunto vital para el país, puesto que las empresas de menor tamaño generan empleo, arraigo local y agregan valor a productos y servicios.

Las acciones educativas están orientadas a modificar la conducta de la población, haciéndole ver los graves daños causados por el fuego.

Hace 8 años que el país tramita una reforma al Código de Aguas. Una reforma no constituye una amenaza a derechos, ni riesgo para proyectos e inversiones a largo plazo.

El accidentado proceso de la PSU abre el debate sobre las responsabilidades de quienes deben entregar garantías de rendición justa para todos los postulantes.