La discusión particular en Sala pondrá a prueba la capacidad de Hacienda para sostener su borrador. Parlamentarios locales advierten que la restitución de recursos no basta.
Lo que debes saber
• La discusión del Presupuesto 2027 suma cerca de 6.000 indicaciones. Hacienda anunció la reposición de recursos rechazados en la Mixta.
• En el Biobío, las principales alertas apuntan a la reducción de fondos para transporte público, la disminución de horas docentes en dos SLEP y las definiciones presupuestarias para proyectos de salud.
• Parlamentarios cuestionan aspectos de la propuesta y anticipan negociaciones por recursos para educación, salud y transporte. En Justicia, la continuidad del ministro Fernando Rabat también tensiona el debate.
Por Hugo Ramos y Rocío González
Comenzó la discusión particular del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados, y las dudas sobre qué recursos el Ministerio de Hacienda está dispuesto a reponer mantienen abierta la discusión.
Las tensiones entre el Gobierno y la oposición quedaron nuevamente expuestas durante la votación general del lunes, cuando el proyecto fue aprobado en general por 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención, sin respaldo de la oposición.
En aquella sesión, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionó a los parlamentarios que, a su juicio, intervenían solo para figurar en redes sociales e instó a “elevar el nivel” de la discusión.
Cabe recalcar que la tramitación suma cerca de 6.000 indicaciones, 2.242 de ellas ingresadas en la Cámara Baja. En paralelo, Hacienda comenzó a reponer recursos rechazados en la Mixta, incluyendo Educación y Salud, además de fondos para Senapred, Indap, Atención Primaria y Adultos con Discapacidad en Residencias.
Ahora bien, a pesar de los aparentes contratiempos que enfrenta Teatinos 120, el escenario contrasta con el de la tramitación del Presupuesto 2026. En octubre de 2025, bajo la conducción del entonces ministro Nicolás Grau (en el Gobierno de Gabriel Boric) la Comisión Especial Mixta rechazó 29 de las 33 partidas. Esta vez, la Mixta aprobó 32 de las 34 actuales.
Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en sesión parlamentaria / Foto: Ministerio de Hacienda.
Con todo, la reposición de recursos será, por ahora, el aparente punto de partida en la estrategia del Gobierno. Y para el Biobío, el resultado de estas votaciones tendrá implicancias en áreas como Educación, Transportes, Salud, Justicia y Obras Públicas.
Entre las alertas para la región está el Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional. Según los antecedentes presupuestarios, la propuesta para Biobío considera $14.868 millones para 2027, frente a los $25.391 millones contemplados en 2026. La diferencia equivale a una disminución de $10.523 millones, es decir, cerca de un 41,4 %.
En paralelo, el informe de la Mixta incorporó exigencias de seguimiento para proyectos de transporte público en la zona. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) deberá informar trimestralmente sobre el avance de los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, además del segundo tramo de la Autopista Concepción-Talcahuano.
Los reportes deberán incluir antecedentes sobre avance físico y financiero, licitaciones, cronogramas, costos, recursos asignados y gasto devengado. También tendrán que identificar los tramos priorizados o postergados y explicar los fundamentos de esas decisiones.
La glosa también contempla que cualquier modificación de la modalidad de ejecución, el cronograma o el alcance de los proyectos sea informada dentro de un plazo de 15 días.
Uno de los principales puntos de controversia durante la tramitación presupuestaria ha sido Educación, cuya partida fue rechazada íntegramente en la Comisión Mixta. Por el momento Hacienda anunció su reposición durante la discusión en la Cámara.
En el Biobío, la propuesta presupuestaria contempla una disminución de 5.736 horas respecto de 2026 en los techos de dotación docente de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). De ellas, 3.185 corresponden a Andalién Costa y 2.551 a Puelche, mientras que Andalién Sur no presenta variaciones.
Por su parte, en Salud, la asignación correspondiente al Programa de Atención Primaria de Fonasa también fue rechazada durante la tramitación en la Comisión Mixta. El Ejecutivo anunció su reposición, por lo que su aprobación definitiva continúa sujeta a la discusión particular.
En el plano regional, el informe incorporó una exigencia específica respecto del nuevo CESFAM Talcahuano Sur. El Ministerio de Salud deberá informar, antes del 31 de enero de 2027, el Plan de Inversiones en Salud para el próximo año, incluyendo los recursos destinados al diseño y construcción de este establecimiento.
El documento deberá detallar las obras de inversión por región y Servicio de Salud, sus cronogramas, costos y avances físicos y financieros, además de identificar eventuales retrasos. Sin embargo, la obligación de informar sobre el proyecto no garantiza, por sí misma, una asignación presupuestaria determinada para su ejecución durante 2027.
Desde la perspectiva del diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo (PDG), la estrategia de Hacienda requiere un giro de tuerca radical y afirmó que “reponer los recursos que fueron rechazados no basta. Hacienda tiene que entender que necesita construir una propuesta distinta, con compromisos y garantías de ejecución”, sostuvo.
En esa línea, expresó que “Educación no son solo cifras, hablamos de oportunidades para nuestros estudiantes, y en Salud son los hospitales, infraestructura, listas de espera y calidad de la atención”, por ello, para él “si el Gobierno quiere conseguir los votos, tiene que escuchar, corregir y demostrar con hechos que las prioridades de las personas están primero”.
Por su parte, el diputado José Antonio Rivas (PS) endureció el tono y exigió que el Ejecutivo presente una propuesta que siga el camino del acuerdo alcanzado para los gobiernos regionales. Entre las prioridades figuran programas como “Yo elijo mi PC” y señales claras para la Ley Ricarte Soto. “Persistir en los mismos montos rechazados será algo que, al menos, la oposición rechazará”, cerró.
Desde el oficialismo, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), calificó el Presupuesto 2027 como una propuesta responsable y destacó sus prioridades en áreas de interés ciudadano. En esa línea, su bancada valoró los mayores recursos para las policías, y los aportes a OO.PP. y Vivienda. Sin embargo, defenderán los fondos para “Yo elijo mi PC” y los liceos bicentenarios.
Más allá de los alcances técnicos de otras partidas, en Justicia la discusión se ha tensionado por la continuidad del ministro Fernando Rabat al frente de la cartera.
El cuestionamiento opositor se originó en la controversia por las rebajas administrativas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. En ese contexto, sectores de la oposición —cómo la bancada de la DC— han condicionado su respaldo a los recursos de la cartera a la salida de Rabat.
Con una glosa aprobada, la presión opositora se sitúa en los llamados gastos variables. La senadora Yasna Provoste (DC) anunció que su sector no respaldaría esos recursos mientras Rabat continúe, pero la colectividad todavía no ha precisado qué asignaciones buscaría rechazar ni si la advertencia apunta a la totalidad de los gastos variables.
Consultado por Diario Concepción al respecto de la transversalidad del acuerdo en la colectividad, su timonel y diputado por el Biobío, Álvaro Ortiz, precisó que aún “no existe una decisión institucional de la DC respecto de rechazar la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia. Sin embargo, nos parece absolutamente razonable cuestionar la continuidad de un ministro cuya gestión ha perdido respaldo político”.
Vale la pena mencionar que entre dichos compromisos figuran los recursos para operar cárceles concesionadas, incluidos subsidios y compensaciones por sobrepoblación. Para 2027 se contemplan $187.361 millones para los recintos de los grupos 1, 2 y 3, entre ellos el Complejo Penitenciario Biobío.
Aunque Gendarmería pasará a depender de Seguridad Pública, mantendrá transitoriamente las funciones de reinserción social hasta la creación del servicio especializado correspondiente, mientras Justicia conserva compromisos asociados al sistema concesionado.