La advertencia opositora se funda en la controversia por las rebajas de condenas y el blindaje presidencial al ministro de Justicia Fernando Rabat.
Lo que debes saber
• La oposición abrió un nuevo flanco en la discusión del Presupuesto 2027 al condicionar su respaldo a los recursos variables del Ministerio de Justicia a la continuidad de Fernando Rabat. El Presidente Kast cuestionó las presiones parlamentarias.
• El proyecto contempla $187.361 millones para subsidios de operación de cárceles concesionadas, además de fondos para compensaciones por sobrepoblación, pagos adicionales y obras de infraestructura.
• El Complejo Penitenciario Biobío forma parte del Grupo 2 de concesiones, cuyos servicios incluyen alimentación, salud, aseo y mantención. Sin embargo, el presupuesto no desglosa cuánto corresponde específicamente al recinto penquista.
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La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó a tensionar la discusión del Presupuesto 2027 y abrió interrogantes sobre el alcance que podría tener un eventual rechazo de los gastos variables de esa cartera.
La controversia, originada por las rebajas de condenas otorgadas administrativamente a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, trasladó el conflicto político al debate técnico-presupuestario, con posibles implicancias para los recursos destinados a determinados compromisos del sistema penitenciario.
El punto adquiere relevancia para el Biobío porque el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos para la operación de cárceles concesionadas, entre ellas el Complejo Penitenciario Biobío.
La primera advertencia vino de la senadora Yasna Provoste (DC), quien anunció que la oposición no estaría disponible para aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia mientras Rabat continúe en el cargo. La congresista sostuvo que la postura apuntaba a rechazar los gastos variables de la cartera y aseguró que existía respaldo de sectores opositores tanto en la Cámara Baja como en el Senado.
Ahora, mientras la bancada DC no ha precisado qué asignaciones buscaría rechazar y mantiene un anuncio general sobre los gastos variables, el diputado Jorge Brito (FA), explicó a La Tercera que su colectividad impulsa una fórmula acotada, que solo impediría que el gabinete de Rabat disponga de recursos para contrataciones, asesorías externas, asignaciones y horas extraordinarias.
Desde Italia, en medio de su gira, el Presidente José Antonio Kast ratificó su respaldo al titular de Justicia y descartó solicitarle la renuncia. “La responsabilidad que usted señala, que es política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, sostuvo, recordando que el nombramiento y el cese de funciones de los ministros son facultades del Mandatario.
El jefe de Estado también cuestionó la posibilidad de que la oposición rechace partidas presupuestarias como mecanismo de presión. “¿A quién le van a hacer daño? A las mismas personas que dicen defender, a las mismas víctimas”, planteó. Asimismo, calificó de “una pequeñez” que una disputa política pueda frenar el debate presupuestario y el avance de iniciativas legislativas.
La revisión del proyecto de Presupuesto 2027 permite identificar uno de los ámbitos donde la controversia podría abrir interrogantes: los recursos destinados a las cárceles concesionadas. En la Partida 10, correspondiente al Ministerio de Justicia, se contemplan distintos compromisos presupuestarios relacionados con la operación, las compensaciones contractuales y el desarrollo de infraestructura de estos recintos.
Entre los montos considerados para el próximo año destacan $187.361 millones para subsidios de operación fijos y variables de los establecimientos penitenciarios concesionados de los grupos 1, 2 y 3, además del Complejo Penitenciario Talca-La Laguna. A ello se suman $15.432 millones para compensaciones por sobrepoblación y $10.166 millones en pagos adicionales asociados a ampliaciones de contratos de los grupos 1 y 2.
El detalle presupuestario también incorpora $2.571 millones para pagos de preexistencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Concepción y del Complejo Penitenciario Talca, además de $1.800 millones para obras adicionales en los grupos 1, 2 y 3. Se trata de conceptos distintos, vinculados a compromisos de operación e infraestructura del sistema concesionado, y no de una única asignación destinada a un establecimiento en particular.
La principal conexión con la Región del Biobío se encuentra en el Grupo 2 de concesiones, que comprende los establecimientos penitenciarios de Antofagasta y Concepción. En este último caso, el área anexada del CCP Concepción fue incorporada al contrato junto con el CCP Biobío, conformando el Complejo Penitenciario Biobío. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 248 del Ministerio de Obras Públicas, que modificó las condiciones del contrato de concesión y reconoció expresamente la conformación de ambos recintos como un complejo penitenciario.
El mismo decreto permite establecer una conexión más directa con el debate presupuestario. En su numeral 10 incorpora un subsidio fijo a la operación para el área anexada del CCP Concepción y, en el numeral 10.6, dispone que los pagos variables a la operación contemplados en las bases de licitación también comprendan dicha área. Es decir, el contrato de concesión del Grupo 2 contempla componentes fijos y variables asociados a instalaciones que forman parte del Complejo Penitenciario Biobío.
En este modelo, las sociedades concesionarias tienen a su cargo determinados servicios y obligaciones de operación al interior de los recintos, mientras Gendarmería mantiene las funciones de vigilancia y seguridad penitenciaria. En el caso del Grupo 2, la operación de los servicios concesionados está a cargo de Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., responsable de prestaciones como alimentación, lavandería, aseo y control de plagas, salud de los internos, reinserción social, economato y mantención de infraestructura y equipamiento.
Por ello, los recursos considerados en la partida ministerial no se limitan al funcionamiento administrativo de la cartera, sino que también incluyen compromisos contractuales relacionados con la operación de infraestructura penitenciaria. En el caso del Complejo Penitenciario Biobío, el decreto de concesión identifica expresamente servicios que forman parte de las obligaciones de la sociedad concesionaria.
Sin embargo, el proyecto presupuestario no entrega un desglose de cuánto de los $187.361 millones corresponde específicamente al Grupo 2 ni qué proporción se destina al Complejo Penitenciario Biobío. Tampoco separa el monto correspondiente a los subsidios fijos del que corresponde a los variables.
Otro antecedente importante para dimensionar los posibles efectos de la discusión es el cambio presupuestario que experimentará Gendarmería a partir de 2027. En virtud de la reorganización institucional establecida por la Ley 21.810, que incorporó al servicio dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería pasará a depender presupuestariamente del Ministerio de Seguridad Pública.
Para el próximo año, el proyecto considera $848.928 millones para Gendarmería dentro de la Partida 32. De ese total, $787.089 millones están destinados a la operación de cárceles tradicionales, mientras que otros recursos se distribuyen entre programas de rehabilitación y reinserción social e inversiones penitenciarias.
En consecuencia, un eventual rechazo de los gastos variables de Justicia no equivale a dejar sin presupuesto a Gendarmería ni comprometer directamente la totalidad de los recursos destinados a la custodia y funcionamiento de las cárceles tradicionales. Sin embargo, el cambio de dependencia no significa que el Ministerio de Justicia haya dejado de tener responsabilidades en materia penitenciaria.
La propia Ley 21.810 establece un régimen transitorio. Mientras no se cree el servicio especializado en reinserción social y se realicen las adecuaciones legales correspondientes, Gendarmería continuará desarrollando esa función de acuerdo con las políticas, planes y programas que debe formular Justicia.
Consultada por Diario Concepción sobre los eventuales efectos del rechazo de los gastos variables en el presupuesto, particularmente respecto de los recursos destinados a las cárceles concesionadas y una eventual afectación de los servicios que se prestan en el Penal Biobío, la cartera no entregó una respuesta hasta el cierre de esta edición.