Saavedra cuestionó los alcances de la propuesta, Keitel planteó afinar los contrapesos durante el debate y Van Rysselberghe no adelantó su postura. Esto en medio de indefiniciones oficialistas.
Lo que debes saber
• La reforma de seguridad necesita 29 votos para aprobar la idea de legislar en el Senado, donde enfrenta reparos incluso desde sectores afines.
• Ninguno de los tres senadores del Biobío adelantó su voto, dejando en suspenso el respaldo regional al proyecto del Gobierno.
• La recepción de la oposición hace prever que un tenso clima en caso de avanzar a la Cámara Baja. La Moneda evalúa flexibilizar plazos de urgencia.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
La reforma de seguridad del Ejecutivo ya ingresó al Senado, donde enfrentará un duro round para conseguir los 29 votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Preliminarmente faltarían al menos cinco dedos arriba para llegar al umbral y evitar que sea archivada por un año.
El grueso de esta agenda contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la creación de un quinto tipo de Estado de Excepción Constitucional (EEC), denominado “de Seguridad Pública”, que permitiría restringir la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de habilitar la interceptación de comunicaciones, pudiendo alcanzar los 240 días consecutivos.
A ello se suma la creación de un Registro de Organizaciones Criminales y Terroristas, con consecuencias penales por el solo hecho de integrarlas, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
También propone un régimen carcelario inspirado en el modelo italiano 41-bis para líderes del crimen organizado, reforzando el papel de Gendarmería en su control y custodia.
Volviendo al Congreso. En esta fase, el escrito será sometido a una votación en general, tanto en la Comisión de Constitución como en Sala. Si supera dichas instancias, volverá a discutirse en particular en la ya mencionada comisión, sumándose las de Seguridad Pública y Defensa, donde se revisará punto por punto antes de su retorno al hemiciclo del ala poniente.
Imagen referencial: Carabineros y seguridad pública / Foto: Isidoro Valenzuela M.
El senador Gastón Saavedra (PS) ya ha cuestionado públicamente varias de las medidas. En un artículo de opinión publicado por El Mostrador, el socialista declaró que parte de la propuesta corresponde a un simple “parcheo” constitucional.
En esa línea, argumentó en contra de eventuales atribuciones discrecionales. “Un Estado fuerte contra el crimen no puede convertirse en un Estado que sustituya a los tribunales mediante una resolución administrativa”, advirtió.
Consultado directamente por Diario Concepción, Saavedra remarcó su distancia con la creación del nuevo EEC, advirtiendo sobre el aumento de las facultades presidenciales y sus eventuales efectos sobre las libertades ciudadanas. “Se podrían conculcar los derechos de las personas”, dijo.
El socialista volvió a manifestar reparos al registro de organizaciones criminales y terroristas, ya que, a su parecer, “se requiere más sensatez y una mirada de largo plazo” para evitar que una herramienta de este tipo pueda ser utilizada a destajo por cualquier mayoría de turno en base a convicciones netamente políticas.
A pesar de todo, no cerró la puerta a la idea de legislar, aunque tampoco comprometió su voto. “Aún no hemos tomado una definición, va a depender mucho de las conversaciones que se hagan”, explicó. Cerrando, incluso mostró disposición a respaldar a endurecer las penas para quienes integren organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y sicariato.
En la otra vereda, el senador Sebastián Keitel (Evópoli), planteó a este medio que el debate en el Senado debe permitir perfeccionar la iniciativa, apuntando especialmente a revisar su duración y los contrapesos entre el mandatario y el parlamento.
“Necesitamos un Estado con más herramientas (…), pero deben ser eficaces, estar bien delimitadas y contar con los controles propios de una democracia”, sostuvo.
Respecto de la próxima votación y las posibilidades reales que tiene el Ejecutivo de sumar apoyos, Keitel evitó comprometer un respaldo anticipado, señalando que “lo importante es construir una propuesta que tenga los votos”. Con todo, valoró la disposición mostrada por el Ejecutivo y sus ministros para introducir correcciones y alcanzar acuerdos.
Por último, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI), prefirió no adelantar en detalle su postura sobre el proyecto, declinando por ahora referirse a la votación de la idea de legislar, las indicaciones que la bancada podría levantar o la capacidad del Gobierno para sumar respaldos oficialistas. Una cautela que, en parte, da cuenta del clima que enfrenta la reforma en su primer trámite.
Si bien la reforma aún mantiene la suma urgencia con que fue ingresada, La Moneda ya evalúa extender sus plazos de tramitación. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue quien abrió este domingo la posibilidad de reemplazarla por una urgencia simple para permitir una discusión más amplia y construir los anhelados acuerdos.
Esta eventual flexibilización de plazos —pasando de 15 a 30 días— ocurre luego del “fuego amigo” recibido, con parlamentarios oficialistas cuestionando la falta de trabajo prelegislativo. Dicho cambio en el itinerario se definiría a comienzos de septiembre, cuando deba renovarse la urgencia.
Desde RN, Evópoli y sectores de la UDI también surgieron reparos por el alcance de algunas disposiciones y la sobrecarga de atribuciones en la figura presidencial, persistiendo así las dudas sobre la posibilidad de reunir los alimentos requeridos.
Y en la oposición, las críticas también apuntan a lo anterior. Entre las opiniones más resonadas, la ex vocera de Gabriel Boric, Camila Vallejo (PC), acusó al Ejecutivo de intentar “pasar gato por liebre” mediante una reforma que, a su juicio, podría derivar en pulso propio de “un régimen autoritario”.
A ello se suma el argumento de que varias de las herramientas propuestas ya estarían contempladas en la Constitución y en la legislación vigente.
En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha defendido la necesidad de la reforma y comenzó un despliegue con las bancadas oficialistas para recoger observaciones, asegurando total disponibilidad a “escuchar las indicaciones” que permitan mejorar el proyecto.
Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau / Foto: Cedida.
Más allá de todo lo anterior, la verdadera arena inmediata será el Senado y, en ella, los tres senadores del Biobío deberán fijar su posición final frente al plan del Gobierno.
Pero decir que el Senado será el único obstáculo sería quedarse corto. La experiencia de la llamada “Megarreforma” económica ya mostró que el segundo trámite también puede tensionar las pretensiones de Palacio.
Si bien el Ejecutivo logró sacar adelante esa iniciativa en la Cámara de Diputados, con una mayoría que incluyó acuerdos con el PDG, la oposición terminó llevando parte de sus disposiciones ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante tres requerimientos que cuestionan aspectos tributarios y medioambientales.
En caso de superar el Senado, el texto resultante deberá despacharse al hemiciclo oriente, donde tampoco se han quedado atrás en las críticas. En el ámbito local, el diputado por el Distrito 20, Patricio Pinilla (DC), incluso comparó al titular de Seguridad con Augusto Pinochet.
“Donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro Arrau”, sentenció.
Por otro lado, su par del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), se ha mostrado disponible a respaldar cambios constitucionales acotados, participando de recientes reuniones con el ministro Arrau, precisamente para plantear ajustes desde el gremialismo.
Empero, sigue la duda respecto del respaldo que podrá dar el PDG en esta oportunidad, pues no han comprometido aún un apoyo en bloque. En el Distrito 20, Patricio Briones, de hecho, cuestionó la vía constitucional escogida y sostuvo que “los tiempos no están para tantas medidas en tan poco tiempo”, planteando que varias de estas materias debieran abordarse mediante ley.
A ello se suma la ya real “piedra en el zapato” que ha sido el TC para los planes de la administración Kast. El organismo ha ostentado un rol relevante de freno en menos de seis meses, como el fallo sobre la Ley de Escuelas Protegidas o sobre ciertos aspectos del Proyecto de Reconstrucción Nacional.