Proyecto limitaría la excepción a seis embarcaciones con permisos históricos.
Lo que debes saber
•La Comisión de Pesca del Senado aprobó en general el proyecto que permitiría operar a seis embarcaciones industriales en Biobío y Ñuble.
•Mientras senadores defienden la reactivación de empleos, pescadores artesanales buscan mantener intacta la ley vigente desde 2019.
El debate por la Ley de la Jibia entró en una nueva etapa en el Congreso. La Comisión de Pesca del Senado aprobó en general el proyecto que busca permitir, bajo una excepción acotada, que seis embarcaciones industriales vuelvan a operar sobre el recurso en las regiones del Biobío y Ñuble.
La iniciativa deberá avanzar ahora hacia la discusión en particular de su artículo único, instancia que los senadores esperan abordar durante el primer miércoles de septiembre.
Mientras sus impulsores apuntan a la recuperación de empleos y de plantas procesadoras, organizaciones de pescadores artesanales buscan mantener sin modificaciones la normativa vigente desde 2019.
El proyecto propone exceptuar de la prohibición del arrastre a los armadores cuyas embarcaciones contaban con autorizaciones vigentes para operar sobre la jibia al 16 de febrero de 2019. La autorización estaría restringida a las aguas del Biobío y Ñuble.
La discusión ocurre además en un escenario de aumento de los desembarques artesanales en la región.
Según datos de Sernapesca, durante 2025 se registraron 11 mil 506 toneladas de jibia desembarcadas mediante potera, mientras que en lo que va de 2026 la cifra llega a 25 mil 35 toneladas.
En la región existen actualmente 204 embarcaciones artesanales inscritas para operar sobre el recurso: 176 menores de 12 metros de eslora y 28 mayores de esa dimensión.
Uno de los principales argumentos de los senadores que respaldan la iniciativa apunta al impacto que tuvo la Ley de la Jibia sobre la actividad industrial regional.
Los antecedentes del proyecto señalan que, después de la prohibición del arrastre, se produjo el cierre de plantas y una reducción de la actividad asociada al recurso.
La moción estima una pérdida de 1.700 empleos directos y cerca de 6 mil puestos de trabajo al considerar los empleos indirectos vinculados a la actividad.
El senador socialista Gastón Saavedra valoró la aprobación en general de la iniciativa y señaló que espera que durante septiembre se pueda votar el artículo único para que posteriormente pase a la Sala.
A su juicio, la medida permitiría recuperar empleos, generar un mayor poder comprador y volver a posicionar a la jibia como un recurso relevante para la actividad económica regional y el consumo humano.
Desde la UDI, el senador Enrique Van Rysselberghe recalcó que el proyecto fue patrocinado por los tres senadores de la Región y que su objetivo principal es reactivar las plantas de proceso de jibia. “Habilitando cientos de empleos en la región que hoy no existen”, afirmó.
El parlamentario destacó que la iniciativa se limita al recurso jibia y no modifica las cuotas globales de los sectores artesanal e industrial.
“Precisamente porque queremos reactivar plantas de procesos y empleos en la zona, es que los senadores queremos generar esta excepción, sin tocar las cuotas globales y sin afectar la continuidad del recurso”, señaló.
El senador Sebastián Keitel, también partidario de la modificación, sostuvo que la ley aprobada en 2019 tuvo consecuencias en la actividad industrial de Biobío y Ñuble y vinculó el cierre de plantas con la pérdida de empleos.
“Creo que sin duda debe modificarse”, afirmó, planteando que el proyecto permitiría reactivar de manera acotada las seis embarcaciones históricas.
Keitel agregó que, a su juicio, la medida también podría beneficiar indirectamente a los pescadores artesanales al recuperar compradores para sus capturas.
“Con este proyecto buscamos corregir ese impacto en nuestra región permitiendo reactivar de manera acotada las 6 embarcaciones históricas, sin afectar los derechos ni la actividad del sector artesanal”, sostuvo.
El senador también apuntó a la distancia entre las áreas de operación industrial y la zona exclusiva de la pesca artesanal.
Según indicó, las embarcaciones industriales autorizadas operarían mar adentro y mantendrían las cuotas de captura y las reglas establecidas para la sustentabilidad del recurso.
El diputado Patricio Pinilla sostuvo que la protección del empleo debe compatibilizarse con la conservación de la jibia.
Afirmó que cualquier modificación debe estar respaldada por evidencia científica y que los pescadores artesanales deben tener un papel central en la discusión.
“Tenemos que proteger el empleo de nuestros pescadores, pero eso no puede hacerse poniendo en riesgo la sustentabilidad de la jibia”, señaló.
La diputada Joanna Pérez, en tanto, planteó reparos a cualquier retroceso respecto de una regulación que fue aprobada por el Parlamento en 2019. Sin embargo, reconoció que el proyecto busca abordar un problema específico de la región.
La parlamentaria apuntó a la necesidad de fortalecer a la pesca artesanal mediante plantas, subsidios y otros mecanismos que permitan mejorar sus condiciones de competencia. A su juicio, la discusión debe realizarse con datos y buscando acuerdos que permitan fortalecer al sector más débil.
El diputado de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz también llamó a actuar con cautela. Reconoció la preocupación por recuperar puestos de trabajo en la industria pesquera, pero sostuvo que esto no puede hacerse poniendo en riesgo la sustentabilidad del recurso.
“No podemos instalar una falsa disyuntiva entre empleo y sustentabilidad. Biobío necesita ambas cosas: proteger el trabajo y cuidar nuestros recursos pesqueros para que ese trabajo también exista mañana”, afirmó.
Ortiz planteó además que el Estado debe fortalecer la investigación científica sobre la jibia, mejorar la fiscalización y avanzar en políticas de reconversión, diversificación productiva y agregación de valor.
Por su parte, la diputada Lilian Betancurt puso el foco en la situación laboral de comunas como Tirúa, Lebu y Arauco. Sostuvo que la jibia representa una fuente de ingresos para familias vinculadas tanto a las caletas como a las plantas procesadoras.
“Nuestra prioridad es defender el empleo en la Región del Biobío”, afirmó, aunque agregó que cualquier alternativa de reactivación industrial debe garantizar que los pescadores artesanales no queden desprotegidos.
Raphael Sierra.
Mientras el proyecto avanza en el Senado, las organizaciones de pescadores artesanales comenzaron a coordinar acciones para oponerse a la modificación.
La Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal participó esta semana en una reunión de la Bancada por la Pesca Artesanal, donde se abordó la iniciativa impulsada por los senadores del Biobío.
Su presidenta, Sara Garrido, cuestionó que la propuesta ponga el foco en los empleos que podría recuperar la industria sin considerar aquellos que eventualmente podrían perderse en las caletas.
“Aquí vemos varios problemas. Se justifica esta decisión en el empleo que podría generar pero no en los que se perderán”, afirmó.
La dirigenta también defendió la actual regulación de la jibia y cuestionó que, años después de su aprobación, vuelva a plantearse la utilización del arrastre para este recurso.
“Nos estamos quedando sin recursos en el mar. Así de dramático es el panorama para las nuevas generaciones”, sostuvo Garrido, quien además criticó la concentración de distintas etapas de la actividad pesquera en grandes empresas.
En la misma línea, el vocero de la Coordinadora Nacional de Jibieros, Saúl Lagos, sostuvo que el sector buscará mantener la normativa vigente.
“No vamos a permitir que se nos arrebate algo que se ganó en este mismo Parlamento, donde hoy se pretende echar abajo una ley que fue aprobada por amplia mayoría”, afirmó.
El dirigente agregó que las organizaciones esperan que se respete la legislación aprobada en 2019.