El proyecto de ley fue aprobado por la Sala de Diputados y Diputadas, siendo remitido a su segundo trámite al Senado.
Riñas, alertas de tiroteo y otros hechos relacionados a la violencia escolar han marcado la agenda en las últimas semanas. Proyectos como el de “Escuelas Protegidas” han impulsado otras iniciativas complementarias que fortalezcan el aprendizaje y la seguridad en las aulas.
Bajo este contexto, se votó en la sala de Diputadas y Diputados la norma que busca aumentar las penas para delitos vinculados a violencia escolar. El texto modifica diversos cuerpos legales y dispone una sanción agravada -en un grado- a los delitos de lesiones, amenazas, maltrato de obra o agresiones físicas, en contra de profesionales o funcionarios de los establecimientos educacionales, si estas las realizan los padres, apoderados, tutores o quienes tengan el cuidado personal de los estudiantes.
El informe del proyecto fue entregado a la Sala durante la jornada del 12 de mayo, para un posterior debate y votación en la sesión de este miércoles. La norma obtuvo 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, en su votación general. Posteriormente, se respaldó con 81 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones el numeral 1 del proyecto.
Cabe destacar que la norma aplica para hechos transcurridos en las dependencias, inmediaciones o lugares a los que acudan a realizar actividades educativas, incluido el transporte escolar. Además, contempla a toda la comunidad educativa, incluyendo alumnos, padres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes directivos y los sostenedores.
También se consideran agravantes relacionados al delito contra la propiedad, tales como daños o incendios al interior o en las inmediaciones de un establecimiento educacional.
El contexto local releva la importancia de la implementación de medidas que contribuyan a erradicar la violencia en los establecimientos educacionales, aspecto en el que coinciden los parlamentarios del Biobío.
En el transcurso de la sesión de votación, Roberto Arroyo (PSC) intervino y enfatizó en que “este proyecto responde a una realidad dolorosa y cada vez más frecuente en nuestro país. En el Liceo La Asunción de Talcahuano, 17 estudiantes fueron detenidos por participar de una riña en la que cinco profesores salieron lesionados de distinta consideración”.
Respecto a la importancia del avance en la ley, la diputada Flor Weisse (UDI), señaló que “el Estado no puede limitarse a condenas posteriores, sino que debe actuar con decisión y responsabilidad, adecuando el ordenamiento jurídico a las nuevas conductas y a la evolución de la sociedad, especialmente cuando se trata de proteger espacios tan relevantes como las escuelas”.
Adicionalmente, Francesca Muñoz (PSC) estableció que “esta es una demanda urgente de las familias chilenas para devolver el orden, el respeto y la autoridad a las aulas, permitiendo que nuestros niños estudien en un ambiente seguro”.
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) hizo hincapié en las acciones que deben venir de la mano con este avance. “Esto también debe ir acompañado de prevención, apoyo psicológico y fortalecimiento de la convivencia escolar, pero quienes ejercen violencia grave dentro o en el entorno a establecimientos educacionales deben entender que habrá consecuencias”, puntualizó.
En complemento, Lilian Betancourt (PDG) declaró que “la educación debe desarrollarse en ambientes de respeto, convivencia y tranquilidad, pero lamentablemente hoy vemos situaciones que antes eran impensadas dentro de una comunidad educativa. Este tipo de iniciativas permite fortalecer el resguardo hacia docentes, asistentes y estudiantes, dejando claro que la violencia no puede transformarse en parte de la vida escolar”.
Patricio Briones, también parlamentario del Partido de la Gente, se suma a la aprobación del proyecto, argumentando que “no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se normalizan las agresiones a docentes y los daños a la infraestructura escolar”.
Si bien también valora la iniciativa, el diputado Antonio Rivas (PS) fue crítico respecto a cómo el Gobierno ha abordado la violencia escolar. En la sesión N°24, intervino señalando que “aumentar penas por sí solo no resolverá la crisis que estamos viviendo. Si el Estado aparece después de la violencia estamos llegando demasiado tarde. Necesitamos prevención, salud mental, convivencia escolar, intervención temprana y familias presentes”.
De esta manera, el proyecto avanza y pasa a una nueva fase en el Senado, continuando con la tramitación para una posible implementación que complemente la legislación relativa a la convivencia escolar.