El Ministerio de Vivienda y Urbanismo propuso avanzar en la discusión de una ley especial. La idea es resguardar la continuidad financiera de los planes y proyectos regulares de la región.
Los incendios forestales registrados este año en Biobío y Ñuble volvieron a evidenciar la magnitud de los daños que pueden provocar las emergencias y las dificultades que enfrenta el Estado para responder con rapidez a los procesos de reconstrucción.
Miles de viviendas destruidas, infraestructura dañada y comunidades completas en proceso de recuperación reabrieron el debate sobre la necesidad de contar con un fondo permanente de reconstrucción, que permita disponer de recursos estables y oportunos sin depender de reasignaciones presupuestarias o leyes especiales tras cada catástrofe.
En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se propone, además, avanzar en la discusión de una ley especial de Fondo de Reconstrucción, que permita resguardar la continuidad financiera de los planes y proyectos regulares de la región. Asimismo, tiene el objetivo de agilizar la respuesta habitacional ante emergencias de gran magnitud y asegurar continuidad en los procesos de recuperación de viviendas e infraestructura urbana afectadas por desastres.
La iniciativa ya comenzó a ser analizada por congresistas locales, en medio del receso legislativo.
Marlene Pérez (Ind-UDI), diputada del Distrito 20, señaló que “los desastres naturales son cada vez más frecuentes y severos debido al cambio climático, y las respuestas ante ellos suelen ser lentas y parciales”. Bajo ese contexto, la parlamentaria calificó como “indispensable” contar con un fondo inmediato dedicado exclusivamente a reconstrucción, “con asignación clara y rápida de recursos, control y seguimiento público para evitar desvíos, enfoque en prevención y participación activa de las comunidades locales”, precisó.
De acuerdo con Perez, un fondo específico no sólo acelera la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios esenciales, sino que “también genera previsión y seguridad para la ciudadanía, asegurando que las familias afectadas puedan reconstruir sus vidas de manera oportuna y eficiente. Es indispensable que avancemos de forma comprometida en esto, durante este periodo legislativo”.
Por su parte, el también diputado del Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), afirmó que con el nivel de daño que generaron los incendios forestales en sectores como Lirquén y Punta de Parra, afectando a miles de familias, “se vuelve urgente avanzar hacia la creación de un fondo permanente de reconstrucción ante catástrofes”.
“No se puede seguir dependiendo de respuestas tardías o medidas improvisadas cada vez que ocurre algún evento catastrófico. Chile necesita contar con una estructura estable, con recursos garantizados, que permita actuar de forma rápida, coordinada, especialmente cuando la gente lo pierde todo”, complementó el congresista.
Para Arroyo, el fondo debe estar diseñado para responder con eficacia desde el primer momento en que ocurre la catástrofe y debe contar con “un stock de casas prefabricadas de fácil armado, un fondo económico, asegurando apoyo inmediato para viviendas, servicios básicos e infraestructura crítica; estableciendo mecanismos estrictos de transparencia y fiscalización para que la ayuda llegue directamente a quienes la necesitan”.
El congresista, en resumen, señaló que los procesos de reconstrucción ante catástrofes “deben ser una política de Estado, porque cada incendio no solo destruye casas: destruye historias, sacrificios de toda una vida y la esperanza de volver a empezar. Y ahí, el Estado tiene el deber de estar presente con soluciones reales, dignidad y compromiso”.
En tanto, el diputado electo, Patricio Briones (PDG), afirmó que, antes de establecer un fondo, “lo primero es considerar un plan preventivo de catástrofes estacionales e intencionales; planes de emergencia locales municipales con mayores atribuciones y presupuestos exclusivos para ello. Crear conciencia y educar a la ciudadanía a cómo enfrentar situaciones de esta magnitud, y sobre todo, establecer penas ejemplificadoras a los incendiarios”.
En la línea de la propuesta de contar con un fondo permanente destinado a labores de reconstrucción, Briones apuntó a la arista de contribuciones y manifestó que “sería bastante conveniente reformular este ítem y buscar herramientas para sopesar parte de ellas para ese fondo propuesto, y robustecerlo para estos menesteres”.
A su vez, el diputado electo, Antonio Rivas (PS) comentó que su idea apunta a “retomar y recuperar lo que era el Fondo Especial de Emergencia, que funcionaba con una tasa impositiva aplicada a dos combustibles”. De acuerdo con el parlamentario electo, aquella herramienta “permitió en algún momento también responder a la responder a la a la crisis que provocó el tsunami 2010”.
De la misma forma, sobre el uso de los recursos de este fondo, Rivas indicó que deber ser de “directa disposición de los Presidentes, que se pueda aplicar a través de los distintos ministerios, como el de Vivienda, de Salud, Obras Públicas, de tal suerte que se pueda ejecutar de una manera mucho más rápida. Porque una de las cosas que reclama el ciudadano que está afectado por una catástrofe es que el Estado responda rápidamente”.
A la par de la instalación de viviendas de emergencia transitorias para las familias afectadas por los incendios forestales en Biobío, muchas familias también han comenzado por cuenta propia la reconstrucción de sus hogares, con el fin de prepararse para el invierno.
“Se ha implementado una nueva ayuda, que es un Bolsillo Electrónico para la autoconstrucción. Esto significa que en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencias podrán acceder a un bono que tiene un monto de 150 UF, el cual se realizará en tres pagos para ver el estado de avance”, anunció el pasado viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Respecto a esto, se estableció que los recursos estarán asociados al comercio formal de materiales de construcción, lo que ofrece una alternativa para quienes ya iniciaron su proceso de reconstrucción. Junto a esto, se añadió el Bono de Acogida, el cual corresponde a 10 UF y beneficia a todas las familias damnificadas. En el caso de las personas que vivían en departamentos, y por ende no se les puede instalar vivienda de emergencia en esos terrenos, el Bono de Acogida se extenderá por tres meses.