Pescadores artesanales piden apoyo al Estado para fortalecer protección mientras navegan y congresistas locales se suman al requerimiento.
Han pasado más de siete meses desde la desaparición de la lancha pesquera Bruma frente a las costas de Coronel, un hecho que dejó siete pescadores artesanales desaparecidos y que hoy continúa bajo investigación judicial y administrativa, marcado por denuncias de negligencia y exigencias de justicia por parte de las familias.
El siniestro ocurrió la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando la embarcación Bruma, proveniente de Constitución, se encontraba fondeada en una zona permitida a la espera de mejores condiciones para faenar.
Según los primeros antecedentes, la nave habría sido impactada por el buque industrial Cobra, de la empresa Blumar S.A. Tras el incidente, la lancha artesanal se hundió rápidamente, sin dejar rastro de sus tripulantes.
Las familias de las víctimas han sostenido desde entonces que “lo ocurrido no fue un accidente”, y acusan un trato desigual entre la gran industria pesquera y los trabajadores del mar. En paralelo, la Fiscalía del Biobío investiga el hecho como un cuasidelito de homicidio, mientras la Armada de Chile concluyó su sumario administrativo determinando que la Bruma no incurrió en infracción alguna.
El gremio de pescadores artesanales insiste en que las autoridades no han tomado las medidas necesarias para evitar nuevos accidentes. Desde San Vicente, en Talcahuano, la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, encabezada por César Jorquera, levantó la voz con fuerza para exigir políticas concretas que prioricen la protección de los trabajadores por sobre los proyectos turísticos o de fomento económico.
“Pensábamos que, después de tantas muertes de pescadores, y especialmente tras lo ocurrido con el Bruma, se iban a destinar más recursos a la seguridad laboral. Pero eso no ha pasado”, sostuvo Jorquera. El dirigente acusa que el Estado “está mirando hacia otro lado”, enfocado en iniciativas que, a su juicio, no abordan la urgencia real del sector.
“Hoy el Estado está equivocado porque está viendo solo temas ya resueltos. Lo que necesitamos es seguridad para los trabajadores: seguros de vida, embarcaciones equipadas y normativas modernas”, enfatizó.
Jorquera detalló que aún existen grandes brechas en cuanto a equipamiento: “faltan chalecos salvavidas adecuados, sistemas de geolocalización, posicionadores, fuentes solares de energía y una normativa que iguale las exigencias de seguridad de los trabajos en tierra con las labores marítimas”.
El dirigente recordó que muchas de las lanchas y botes pequeños operan sin respaldo tecnológico mínimo. “Si una embarcación artesanal se pierde, no hay forma de rastrearla. No tenemos radares, ni señal permanente, ni siquiera mecanismos de aviso. Eso no puede seguir así”, recalcó.
El malestar de los pescadores ha comenzado a tener eco en el Congreso, especialmente entre los representantes del Biobío, quienes coinciden en la necesidad de modernizar la seguridad marítima y establecer un marco de protección social para los trabajadores del mar.
El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano por el distrito 20, advirtió que el país “no puede seguir reaccionando solo cuando ocurren tragedias”. Según señaló, el Caso Bruma dejó en evidencia la ausencia de políticas públicas concretas.
“Es inaceptable que los pescadores sigan arriesgando su vida por falta de equipos o tecnología básica. Es perfectamente factible que el Estado impulse programas de radares, sensores de ubicación y elementos de seguridad personal, financiados a través de los fondos sectoriales de pesca y desarrollo regional. La vida de quienes trabajan en el mar debe ser una prioridad nacional”, expresó el parlamentario.
En la misma línea, la diputada comunista María Candelaria Acevedo planteó que se deben reducir las brechas tecnológicas entre la pesca artesanal e industrial. “Debemos avanzar en mejorar la seguridad marítima y disminuir al máximo los riesgos de una nueva tragedia. La legislación tiene que apuntar directamente a las condiciones de las embarcaciones menores, sin descuidar a las grandes flotas”, señaló.
Acevedo, además, adelantó que evalúa impulsar un proyecto de ley derivado del Caso Bruma, orientado a reformar el sistema de localización satelital de las embarcaciones artesanales. “Se debe revisar el uso del sistema POSAT y considerar la incorporación de radiobalizas, o que ambos mecanismos coexistan. Esto tiene costos, pero deben asumirse si queremos realmente mejorar la seguridad en el mar”, explicó.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Sergio Bobadilla coincidió en que “siempre es posible hacer más en materia de seguridad”. El parlamentario destacó la importancia de dotar a las embarcaciones de instrumentos modernos que permitan prevenir accidentes como el del Bruma.
“Debemos impulsar políticas públicas que otorguen mayor seguridad a la pesca artesanal. Desde el Congreso estaremos disponibles para apoyar estas iniciativas, pero la responsabilidad principal la tiene el Gobierno. Son las autoridades del Ejecutivo las que deben poner el tema en la agenda y asignar recursos para concretarlo”, subrayó Bobadilla.
Su compañera de bancada, la diputada Flor Weisse, también enfatizó la urgencia de una respuesta estatal. “El caso Bruma nos dejó una profunda lección sobre la urgencia de fortalecer la seguridad en la pesca artesanal. Los propios pescadores lo han dicho: faltan políticas efectivas que aseguren sus vidas en el mar”, señaló.
Desde una mirada más técnica, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) valoró el trabajo de la Comisión Investigadora del Caso Bruma, la cual, según indicó, ya incorporó observaciones y sugerencias orientadas a mejorar la normativa. “Esto requiere no solo legislación, sino voluntad política, cumplimiento y fiscalización”, declaró.
“No se trata solo de entregar facilidades para trabajar, sino condiciones seguras. Además, cuando artesanales e industriales comparten el mismo mar, debe haber respeto. La tecnología existe y los mecanismos también, solo falta hacerlos cumplir”, añadió Pérez.