Actualmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dio inicio a la Consulta Ciudadana Virtual para la elaboración del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y del Tercer Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), con el objetivo de fortalecer estos instrumentos a partir de la participación activa de personas, organizaciones sociales y comunidades de todo el país.

En conversación con Diario Concepción, la subsecretaria de DD.HH., Daniela Quintanilla, se refirió al proceso y, de la misma forma, también detalló el trabajo y los avances del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, proyecto orientado a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las víctimas de desaparición forzada durante la Dictadura Militar.

-Como Subsecretaría actualmente trabajan en una consulta virtual, que busca la participación ciudadana, para la construcción de un Plan de Derechos Humanos, ¿en qué consiste?

-Esto es algo bien importante para nosotros, porque cuando la ley crea la Subsecretaría de Derechos Humanos nos mandata como subsecretaría a desarrollar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es una política pública que tiene una duración de cuatro años. Esa duración está consagrada en la ley y es, de alguna manera, la hoja de ruta para la agenda de Derechos Humanos de mediano plazo, digamos, más allá de las lógicas prioridades contingentes o de las prioridades sectoriales. En estas materias, el Plan Nacional permite tener una mirada de Estado de mediano y largo plazo en estas materias.

Estamos este año terminando la implementación del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos y en paralelo estamos en la fase de diseño del tercero. Como parte del enfoque basado en Derechos Humanos, de las políticas públicas, la participación es un elemento imprescindible y, por lo tanto, esta consulta lo que busca es recoger las opiniones y percepciones y propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en el diseño del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que también es una política intersectorial, también de cuatro años, que se implementa a la par con el Plan Nacional.

Lo que intentamos hacer es, por una parte, identificar cuáles son las prioridades o los principales problemas que enfrentamos hoy día como sociedad y que afectan el ejercicio de derechos, y poner esos problemas en un esfuerzo intersectorial para poder responder a ellos. Entonces, por ejemplo, hoy día sabemos que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es el tema de la seguridad. Y, tradicionalmente, se suelen enfrentar los temas de seguridad y derechos humanos como contrapuestos, como incompatibles.

-En otra temática que abordan como subsecretaría, respecto del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, ¿cómo se desarrolla esta política pública?, ¿qué tipo de acciones han implementado desde su puesta en marcha?

– Es importante señalar que no es que nosotros vinimos con la receta mágica de cómo abordar desafíos que son históricos, llevamos muchas décadas de búsqueda como país; y esa búsqueda ha sido liderada principalmente por los familiares y por las propias víctimas sobrevivientes. En ese sentido, la idea de esta política pública es que el Estado pueda asumir plenamente su responsabilidad en esta búsqueda, que no es solamente una búsqueda física de destino final, sino también una búsqueda, como lo dice el propio nombre de esta política, de verdad y de justicia.

Hemos logrado una articulación muy virtuosa con el poder judicial, que ha tenido un compromiso ejemplar a nivel comparado. Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en otros países que han atravesado situaciones de vulneración situaciones sistemáticas masivas y generalizadas como las que ocurrieron en el Cono Sur en dictadura, son pocos los países que siguen teniendo causas judiciales abiertas, que siguen buscando no solamente la responsabilidad penal, sino sobre todo el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Y ese es un poco el corazón de esta política.

-¿Cómo se ha implementado este plan puntualmente en la Región del Biobío?

-En ese sentido, nosotros en Concepción tenemos una dupla, un abogado y un trabajador social, que mantienen un diálogo permanente con familiares y con agrupaciones de las regiones de Biobío y de Ñuble, y ofreciendo, a través de esta dupla de trabajo, el acompañamiento jurídico, psicosocial y técnico, en todas las materias vinculadas con el plan. De algún modo, son el ente articulador entre todas las distintas instituciones públicas que tienen un mandato en este sentido y las víctimas y los familiares.

En la región tenemos algunos sitios de especial interés donde estamos desplegando acciones judiciales en el Cementerio de Mulchén, en el sector de Pemehue, en el Morro de Talcahuano. Todos estos lugares están con diligencias forenses y peritajes documentales en curso y tenemos proyectadas algunas otras para iniciar hacia finales de este año e inicios del próximo, lugares como el Cementerio de Nacimiento, Retén El Abanico y Sector La Mona.

Además, hay más de 25 causas activas en Ñuble y Biobío, en distintas etapas procesales: sumarios, plenarios y cumplimiento.

Lo hemos dicho desde el inicio, esta tiene que ser una política pública permanente. Estos esfuerzos no pueden depender de los gobiernos de turno, porque son deudas que tenemos como país, como sociedad, y que tenemos la obligación de seguir implementando y de seguir avanzando en esta búsqueda con las nuevas tecnologías, con las nuevas informaciones, también construyendo vínculos en entre las organizaciones, los familiares y las instituciones que permita que esta sea una política exitosa.

Y sobre todo, algo que a nosotros nos dicen mucho los familiares, que es esta necesidad que ellos mismos tienen de no seguir traspasando esta deuda a las nuevas generaciones de su familia.

Hospital Regional en terreno del Regimiento Chacabuco

Asimismo, la autoridad del Ministerio de Justicia también se refirió a la solicitud del Servicio de Salud Concepción al Ministerio de Defensa para que apoyara la entrega, por parte del Ejército, del terreno donde se ubica el Regimiento Chacabuco, para que a futuro se pueda construir ahí el nuevo Hospital Regional. Vale recordar que en dicho lugar se registraron múltiples casos de detenidos políticos durante la Dictadura Militar.

-Sobre esta solicitud del Servicio de Salud Concepción, ¿cuál es la visión que tienen como Subsecretaría de Derechos Humanos?

-Creo que el trabajo de memoria, nosotros lo decimos siempre, no es un ejercicio del pasado, es un ejercicio del presente. En todos los lugares donde se vulneraron gravemente los Derechos Humanos en nuestra historia, y también en los lugares donde hubo un ejercicio activo de defensa y de protección de víctimas, son lugares que nosotros tenemos que resguardar.

Todos los lugares son distintos, tienen distintas características geográficas, físicas. También lo que pasó dentro de ellos tiene distintas características en el orden simbólico. Y no es contradictorio el uso actual con la garantía de la memoria de esos espacios.

Ahora, ese uso actual para las necesidades concretas y materiales de hoy, como lo son, por ejemplo, un hospital regional o como lo son actividades de redes culturales, de educación, no son incompatibles y yo diría que lo central para nosotros como subsecretaría, en nuestra labor de asistente técnico a las distintas instituciones públicas, es que cualquier decisión en esta materia tiene que necesariamente considerar un proceso de diálogo y de participación con la mayor amplitud posible de voces involucradas; de, por cierto, las víctimas y los sobrevivientes, de los familiares, también de las comunidades donde estos proyectos se emplazan, que van a ser vecinos y vecinas de este tipo de instalaciones. Y por cierto, el relevar, en este caso en Chacabuco, el impacto que tuvo como recinto y como lugar de prisión política y tortura es indispensable. Para eso hay distintos tipos de instalación de placas, de memoriales, de la construcción de espacios protegidos para los actos de conmemoración.

Puedo decir que nosotros como Gobierno y como institución tenemos una responsabilidad, que es que cualquier identificación del problema público y de la solución de ese problema público tiene que contar con las voces de las personas potencialmente involucradas y afectadas. En este caso, en el Recinto de Chacabuco, hay sobrevivientes que pasaron por ahí, que tienen que tener un espacio donde poder poner su voz y su aporte en el uso.