La idea es extender plazos, prorrogables, sobre las medidas antidumping otorgadas por el Estado. Comenzará su primer trámite constitucional en la Cámara Alta.
Una vez otorgada la salvaguarda por la Comisión Antidistorsiones a Huachipato, con el fin de que la empresa no cesara su producción de acero surgió una petición pública por parte de autoridades regionales: que congresistas se dispusieran a legislar para que las salvaguardias otorgadas por el Estado sean por más de un año, algo que terminó sucediendo.
Sucede que el senador Gastón Saavedra (PS) presentó un proyecto de ley para que las medidas antidumping se puedan extender por un plazo máximo de cinco años, pudiendo ser prorrogada por el mismo plazo.
Dicha iniciativa que, a partir de ahora, deberá comenzar su primer trámite constitucional en el Senado, fue patrocinada por la senadora Paulina Vodanovich (PS) y los senadores Matías Walker (Demócratas), Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli).
Y las motivaciones son claras: la salvaguarda otorgada a Huachipato será hasta el 9 de septiembre, a pesar de que a esta se le puede extender su aplicación provisional, medida inicial y prórroga hasta por cuatro años según la Ley N°18.525.
El objetivo de la iniciativa presentada por Saavedra radica en establecer nuevos plazos para la aplicación de las salvaguardias. Como se mencionó, según la actual normativa, una medida de este tipo puede extenderse hasta por cuatro años, siempre y cuando los motivos que ameriten aplicar las sobretasas arancelarias se mantengan y así lo compruebe la Comisión Antidistorsiones.
Según detalló el senador socialista, “nuestra idea surge a raíz de la crisis que vivió la siderúrgica Huachipato, donde las prácticas agresivas de la industria del acero chino tuvieron a la empresa nacional al borde del cierre, lo que habría significado un daño social enorme para la región del Biobío”.
Es por ello que “al ver esta situación es que pudimos comprobar que estas prácticas de dumping no solo se producen en el mercado del acero, sino que también en otros sectores económicos como la agricultura”, dijo Saavedra.
De ahí que el proyecto de ley busque sustituir el actual período en vigencia de salvaguardas de 4 años máximo a 5 años, con la posibilidad de prorrogarse por el mismo plazo.
En ese sentido, y señalando que las medidas arancelarias otorgadas a Huachipato tienen una duración muy corta, el senador Saavedra advirtió que esta problemática puede expandirse a futuro en mercados como, por ejemplo, del “trigo, que tienen una enorme importancia en materia de seguridad agroalimentaria y que además constituye una actividad tradicional de la cual viven miles de familias en el país”.
Para el diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), hay posibilidad de revisar ciertos elementos a la normativa actual que permite las salvaguardias a algún producto nacional debido a las variaciones de mercado, pero con un punto a tener en cuenta: los tratados de libre comercio a los cuales está suscrito Chile.
“Lo que debemos tener claro es que nuestra economía está abierta al mundo y eso tiene ventajas y desventajas. En ese marco, como en el caso del acero, nos podemos encontrar con distorsiones que perjudiquen nuestra producción y el empleo local”, dijo el diputado.
No obstante, y en lo referido a los períodos de las salvaguardas, señaló que “en Chile, me parece que el mecanismo funciona, pero si creo que podríamos revisar algunos aspectos como el periodo de las salvaguardas, pero siempre respetando los acuerdos que Chile ha firmado en materia comercial”.
Para la diputada Francesca Muñoz (PSC), si bien la industria estratégica del acero se mantiene activa, “la idea es que la actividad sea permanente”. De tal modo, “esperamos que en definitiva se extienda esta salvaguarda por varios años y en ese sentido necesitamos revisar, entre otros aspectos, la normativa de los tratados de libre comercio con China en cuanto al acero, y la normativa vigente en relación con las disposiciones de la Comisión Antidistorsiones y actualizarla de acuerdo al escenario actual y pronto, para dar certezas a los más de 20 mil trabajadores tanto directos como indirectos y al país entero”.
“Creo que ante el contexto actual, debemos pensar en extender la salvaguardia”, sostuvo la diputada María Candelaria Acevedo (PC), detallando que al menos estas “sobretasas puedan extenderse al menos hasta el fin del actual periodo presidencial. Eso me parece que es un compromiso que este gobierno debería asumir”.
Señalando que hay algo de tiempo para legislar al respecto -esto fundamentando en que la salvaguarda para Huachipato se decretó hasta el 9 de septiembre-, la diputada Acevedo dijo que como se han escuchado varias voces de todos los sectores que apoyan a Huachipato, “deberíamos contar con esos votos una vez se presente algún proyecto que vaya en esta línea”; y se presentó.
Por lo mismo, señaló la diputada del PC, “debemos sumar que hoy preside la Cámara de Diputadas y Diputados mí compañera Karol Cariola, por lo que le solicitaré que ponga en tabla la iniciativa que corresponda”, sin dejar de lado que “insto a la empresa (CAP) a buscar nuevas fórmulas para que siga funcionando” debido a que una posible extensión de las salvaguardas es sólo un camino de varios.
En la misma línea, la diputada Flor Weisse (UDI) dijo “haremos todos los esfuerzos para pitar a la industria del acero, ya que sabemos lo que conlleva una crisis de esta naturaleza. Estamos dispuestos a debatir, a legislar y sabemos que los tiempos apremian. Para ello es importante oír a la industria, conocer el aporte que pueden entregar las universidades especialmente en tecnología”.
“Necesitamos ponernos a disposición para poder aportar al desarrollo de la región”, decretó la diputada Weisse.
Vale recordar que tras las nuevas sobretasas a barras y bolas de acero como resultados de la apelación de Molycop y la usina de Talcahuano, los sindicatos de esta última se reunieron con el Presidente, Gabriel Boric, en La Moneda.
Ahí entregaron una carta, donde uno de los puntos fue la propuesta sobre “un proyecto de ley, con carácter de urgente, estableciendo nuevos parámetros para la fijación y extensión de las medidas arancelarias a los productos que se vean sometidos a competencia desleal o dumping”, como se lee en la misiva.