Lo acontecido con la usina de Talcahuano mantiene abierto el debate parlamentario sobre las formas y resguardos de industrias claves. Ahora un proyecto de ley busca que el Estado tenga poder de decisiones en determinadas empresas, descartando una nacionalización total.
A raíz de lo que ocurre en Huachipato es que han surgido diversas iniciativas parlamentarias, una de ellas presentada ya como proyecto de ley y otras van en camino a serlo.
Los objetivos de estos planteamientos pueden dividirse en dos: potenciar alguna solución desde lo legislativo para evitar un inminente cierre definitivo de la usina y otro en dar un vuelco, o abrir el debate respecto a cómo el Estado se posiciona ante la producción de diversos productos estratégicos en suelo nacional.
Sobre esto último, el senador Gastón Saavedra (PS) ya tomó una postura: Chile no puede seguir dependiendo de todo en el mercado internacional. Tengamos en cuenta que, prácticamente, la producción nacional desde hace un buen tiempo que está centrada en sólo exportar materia prima y no en producir manufactura clave en el plano mundial, algo que nos lleva al conocido refrán de que el “cobre” es el sueldo del país; y aunque sí en gran medida, no se trata sólo de este mineral.
En ese marco es que la diputada María Candelaria Acevedo (PC) hace unos días mencionó que está trabajando en un proyecto de ley para que el Estado pueda tener participación en empresas que explotan minerales estratégicos que, según la parlamentaria, hay que cuidar.
La idea que plantea la diputada Acevedo se centra, en lo administrativo, en una alianza público-privada. El fin no sería una nacionalización ni estatización completa, sino que el Estado pueda tener poder en la toma de decisiones de los directorios de cierta empresa.
“Estamos en la preparación de un proyecto de ley que esté acorde a dichos planteamientos, sabiendo que, por disposición constitucional, requiere la categoría de ley de quórum calificado, por lo que espero que esta reforma se pueda presentar a la brevedad para su discusión, centrándonos en aspectos tan relevantes como lo es el cuidado de minerales estratégicos para el país, como lo es el litio, los lantánidos y el acero por supuesto, fundamentando en dicho criterio la necesidad de que el Estado tenga participación activa en la manera de administrar esos recursos”, dijo la diputada Acevedo.
De todos modos, y sin dejar de lado lo que ocurre con Huachipato, la parlamentaria comunista se alinea con el senador Saavedra en que “lo primero es resolver la situación por la cual atraviesa Huachipato, dándole sostenibilidad inmediata a la operación de la siderúrgica con tasas de salvaguardas mayores a las que la Comisión Antidistorsiones ha entregado hasta el momento”.
“Posterior a eso y ante el escenario actual, en donde CAP ha perdido dinero durante más de una década, considero necesario inyectar recursos económicos en la empresa, lo que de por si no resolverá el escenario actual de competencia desleal, pero sí sería de ayuda dichos recursos”. En esa línea, aseguró la diputada Acevedo, “es necesario que el Estado chileno asuma el control, aunque sea parcial, de la industria siderúrgica, tal y como se viene impulsando con la Estrategia Nacional del Litio y la Empresa Nacional del Litio, resguardando con esto una de las industrias estratégicas del país, como lo es la del acero, pero también la minería en general que necesitan de este insumo para sus operaciones”.
De acuerdo a la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), “es muy importante que nosotros los parlamentarios seamos responsables con lo que proponemos. Los trabajadores están en una situación compleja, angustiados y no podemos crear falsas expectativas”.
Respecto a la propuesta de la Diputada Acevedo, indicó que “me parece que está errando el camino”, y haciendo un paralelismo con las últimas cifras que expuso Codelco, “es evidente que las empresas del Estado no lo hacen bien. Hace algunos días nos enteramos de las pérdidas de Codelco, por tanto, avanzar en esa dirección donde exista participación del Estado no creo sea una solución eficiente, muy por el contrario. Además, como parlamentarios no tenemos iniciativa en esta materia, por tanto, sería inconstitucional la iniciativa que propone la diputada”.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) señaló que “no creo que la solución para la crisis de Huachipato u otras similares que pudiera enfrentar el país sea estatizando empresas”, aunque “sí creo que se debe establecer cuáles son las actividades económicas estratégicas para asegurar el desarrollo del país y en ese marco generar los incentivos que permitan su protección”.
Agregó que “es lo que han hecho otros países, que manteniendo la iniciativa privada han protegido sus áreas productivas que consideran estratégicas. En esa línea se podría avanzar, pero no soy partidario de una estatización”.