La Fiscalía investiga denuncias realizadas en torno al pago por dicho evento donde existen querellas presentadas por ex concejales y Consejo de Defensa del Estado
Desde mayo de 2020 se tramita en el Juzgado de Garantía de Chiguayante una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, que fue presentada por la exconcejal y excandidata a la alcaldía de Chiguayante, Jessica Flores.
En realidad, corresponde a una de las ocho querellas que ha presentado entre enero de 2018 y marzo de 2021.
En el caso de la acción legal de mayo de 2020, esta fue admitida a trámite por el tribunal, y en ella se pedía investigar lo ocurrido con la adjudicación de las actividades de Fiestas Patrias de 2017, que había organizado la municipalidad.
El fundamento de dicha querella fue la autodenuncia que realizó el empresario que se había adjudicado la licitación para producir el evento en cuestión, indicando que él solo habría facilitado el nombre de su empresa y que fue otra persona, un segundo empresario, que tendría vínculos con personal municipal, quien en realidad se había quedado con el dinero.
A esta presentación en tribunales se sumó igualmente el ahora ex concejal Luis Sepúlveda, quien también ingresó una querella, en los mismos términos que la presentada por Flores, la que fue acogida a trámite.
Y además, en mayo pasado, se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tras analizar los antecedentes existentes, decidió interponer querella contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de soborno y cohecho.
Consultado el organismo por Diario Concepción, en torno a qué los llevó a decidir presentar su propia acción legal y hacerse parte en este caso, desde la Unidad de Comunicaciones del CDE se indicó que fueron “todos aquellos contenidos en la investigación penal que ha sido puesta en su conocimiento por el Ministerio Público y que daría cuenta de conductas que, eventualmente, podrían ser constitutivas de delitos de cohecho y soborno, figuras penales para las que basta un ofrecimiento y/o aceptación para su ratificación”.
En su querella el CDE pidió que se realizarán una serie de diligencias que incluyen el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas corrientes.
Sobre el resultado de dichas diligencias, las que son solicitadas al Ministerio Público, se respondió desde el CDE que “no es posible para esta parte dar a conocer el estado o avance de éstas, dado que su publicidad podría poner en riesgo su desarrollo y que la investigación es secreta para terceros ajenos al proceso”.
Dado el tiempo transcurrido y la posibilidad que los eventuales delitos que pudiesen encontrarse estuvieran prescritos, desde el Consejo de Defensa del Estado se señaló que “los plazos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos mediante diversos mecanismos, conforme con lo dispuesto por el artículo 96 del Código Penal. Y, si bien pueden existir diversas interpretaciones, el Consejo estima que en ninguna de ellas los delitos se encuentran prescritos”.
Finalmente, desde Ministerio Público, en particular desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional, se indicó en torno a este caso, que la investigación de los hechos denunciados, continúa.
“Efectivamente, está vigente una investigación que dirige el fiscal de Concepción, Guillermo Henríquez, la que se inició mediante una querella particular. La causa está con diligencias en desarrollo, encomendadas a la PDI”, se señaló escuetamente.