Así, y a la vista de todo lo anterior, ¿cuál será el mejor modelo constitucional para enfrentar estos desafíos?
Alfonso Henríquez R.
Dr. en Derecho y profesor UdeC
Director de Foro Constituyente
La regulación del derecho a la educación es una de las más extensas en el texto de la propuesta constitucional. Este marco normativo ha despertado diversas reacciones.
Por un lado, esta propuesta ha sido bien recibida por quienes ven en el fortalecimiento de la educación pública la mejor forma de garantizar el derecho a la educación. Se argumenta que nuestro sistema es altamente segregado y que eso impide que los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad. De este modo, concebir a la educación pública como el eje del sistema, puede contribuir a nivelar las condiciones de acceso y de disfrute de este derecho.
Por otro lado, la propuesta ha encontrado reparos en quienes perciben que esta regulación no reconoce de forma adecuada la libertad de enseñanza.
Se ha señalado que el texto no asegura el financiamiento de los colegios particular subvencionados, ni tampoco reconoce explícitamente la libertad para crear establecimientos educacionales. Estas dos dimensiones serian centrales para asegurar el derecho de las familias a elegir la educación que crean mejor para sus hijos.
Ambas posturas se reconducen a formas distintas de concebir la educación. Esta se puede entender como una actividad cuyo impulso y desarrollo ha de descansar de manera preferente en el Estado y en la educación pública, principal medio que permitiría alanzar ciertos niveles de igualdad para todos, y en la cual los privados, tendrían un rol importante, pero más limitado.
Por el contrario, también se puede entender en relación con el fortalecimiento de la oferta privada y de la libertad de elección, reservándose el Estado, un rol de fomento y dirección general, pero no asumiendo directamente el carácter de prestador, ni entregando a la educación pública un lugar especial.
El mérito de la propuesta constitucional reside en que representa una invitación para reflexionar sobre estos grandes temas, y, sobre todo, para preguntarnos sobre los aciertos y las falencias de un sistema que ha tenido importantes avances, pero que aún continua con varias deudas pendientes, sobre todo en el ámbito de la calidad y la equidad. Así, y a la vista de todo lo anterior ¿cuál será el mejor modelo constitucional para enfrentar estos desafíos?