Jefe de la Defensa dijo que requerimientos son similares, sólo que las carreteras tendrán prioridad. Mundo forestal valoró determinación; en el político hubo posturas divididas.
Por sorpresa, pero siendo la única alternativa que le quedaba al Ejecutivo, La Moneda decidió decretar Estado de Excepción de Emergencia para las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y en la Región de La Araucanía.
Si bien la medida estuvo vigente en los últimos seis meses de mandato de la administración de Sebastián Piñera, ahora fue matizada.
Según el decreto ingresado a Contraloría, las Fuerzas Armadas resguardarán “la protección de rutas en aquellos territorios. Las medidas adoptadas, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”.
Así, quien será el Jefe para la Defensa, contraalmirante Jorge Parga, explicó que “son requerimientos parecidos a la vez pasada, ahora hay que concretar el esfuerzo en las rutas principales. Habrá una fuerza conjunta con miembros del Ejército, Fach y Armada, con un despliegue de todos los medios que se puedan utilizar. Queremos entregar una sensación de seguridad integral”.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner, sostuvo que “la instrucción apunta a los caminos, ya sea principales o secundarios que sean considerados como estratégicos. Estamos trabajando en los puntos estratégicos con las fuerzas y tendremos en cuenta aquellos que nos entregaron los camioneros”.
En la provincia de Arauco y gremios que abogaban por la determinación, la propuesta del gobierno fue recepcionada con matices.
El alcalde del Los Álamos, Pablo Vegas, dijo que “en estos dos meses han aumentado los ataques en la zona, y de paso, la sensación de inseguridad. Es una medida un poco lenta”.
Heriberto López, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Forestales, soslayó que “el gobierno cumplió dentro de los plazos que habíamos establecidos y es una buena noticia para las personas que viven donde los ataques y los sabotajes han sido incontrolables”.
René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales, aseveró que “esperamos que el decreto considere a los caminos secundarios que también son estratégicos”.
Juan José Ugarte, presidente de Corma, dijo que las medidas “van en la línea de lo que la comunidad ha venido solicitando. Es urgente restituir la paz a nuestros vecinos, trabajadores y sus familias”.
A nivel político, hubo críticas por la demora del Ejecutivo en tomar una decisión. El gobernador Rodrigo Díaz apuntó a que “se ha cometido una acción que ha significado una pérdida de tiempo. Entre que se tomó el acuerdo y se implementa pasan dos semanas y hay gente que sufrió. La discusión que se generó fue una pérdida de tiempo y me preocupa que sea acotada, ya que deja a otra infraestructura fuera”.
La diputada oficialista por la zona, Clara Sagardía (CS) se cuadró con el gobierno, ya que “acoge las demandas de la comunidad de las provincias de Arauco y Biobío. Estas serán muy importantes, especialmente en la recuperación de tierras y desde un punto de vista agrícola. Y se podrá perseguir a los delitos del narcotrafico y el terrorismo que dicen que existen, y que yo dudo”.