Hechos ocurridos en Carahue y en la Universidad de Concepción. La medida, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, generó variadas reacciones en las autoridades de la Región, desde quienes manifestaron que era “esperable” hasta los que critican que no se aborda el problema de fondo.
Tres actividades cumplió ayer el Presidente, Sebastián Piñera, en la provincia de Concepción. Pero fue fue el anuncio de prorrogar en 15 días el actual Estado de Excepción Constitucional, que impera en cuatro provincias de la Macrozona Sur, lo que marcó la pauta.
De hecho, la actividad, realizada en la sección aeropolicial en Carriel Sur, fue la única donde Piñera aceptó preguntas de los medios. Ahí justificó la extensión de la medida hasta el viernes 11 de noviembre, aludiendo a recientes hechos de violencia ocurridos en Carahue (donde cerca de 30 encapuchados incendiaron 10 cabañas, 5 camiones forestales, dos camionetas y una automóvil) y en la Universidad de Concepción.
El Presidente dijo que el Estado de Excepción había permitido desplegar 2 mil efectivos de la Fuerzas Armadas en la Macrozona y realizar más de 10 controles, logrando la detención de 30 personas con orden de aprehensión pendiente.
En compañía del ministro del Interior, Rodrigo Delegado, y el delegado presidencial, Patricio Kuhn, el Jefe de Estado dijo que le medida no implica que las Fuerzas Armadas realicen trabajo policial y enfatizó que “no estaba dirigida en contra de alguna etnia o pueblo determinado”.
Luego manifestó: “Para combatir la violencia no sólo debemos combatir a los violentistas, también debemos condenarla en todas sus formas, y rechazar con fuerza y claridad a todos aquellos que, de una u otra forma, la justifican, la amparan, la promueven”.
Por cierto, la medida generó variadas reacciones. Consultado al respecto, el gobernador Rodrigo Díaz, quien coincidió con Piñera en la primera actividad del Mandatario en Concepción, dijo que la prórroga era “esperable”, considerando que se trata de una atribución presidencial.
En segundo lugar, sostuvo que “sigo pensando que los problemas de seguridad, son solo una parte de lo que se debe abordar para traer tranquilidad al territorio”. Díaz comentó que este punto le fue abordado al propio Jefe de Estado.
Los parlamentarios del territorio también se refirieron a la extensión y hubo críticas a la falta de diálogo, pero también hay quienes sostienen que se deben evaluar otras medidas.
José Pérez (PR) dijo que la medida partió mal, sin consultar a los gobernadores y alcaldes de los territorios, y junto con condenar los hechos de violencia que se han suscitado, apuntó a definiciones políticas. “El Presidente debería enviar al ministro del Interior a conocer el problema en terreno, tres o cuatro días, no basta con darse una vuelta de 30 minutos y volver a Santiago”, sostuvo.
Su colega de la DC, Joanna Pérez, dijo que si bien comparte la medida, esta no asegura el término de la violencia. En ese sentido, manifestó que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo “para instalar el diálogo de manera decidida”.
“Esto no es solo por la fuerza. Hay que incorporar al diálogo a quienes buscan una salida pacífica e institucional”, sostuvo Pérez.
Más duro fue el diputado de Partido Republicano, Cristóbal Urruticoeche. “La decisión del Presidente es tardía pero necesaria. Por mi parte y lo que siempre he sostenido: la solución va por la militarización de aquellas zonas donde el terror se ha hecho costumbre. Con el terrorismo no se dialoga, se derrota”, enfatizó.
El diputado de la UDI, Iván Norambuena, en tanto, dijo que “está demostrado que la medida ayuda en la gestión de Carabineros, pero tenemos un problema mayor, que la población está viviendo bajo el temor, angustia y miedo. Al parecer se necesita evaluar otras medidas que signifiquen dar mayor seguridad a quienes viven y transitan en el sur de la provincia de Arauco”.